Perseguir, capturar, herir, matar o comerciar tortugas, mamíferos marinos u otras especies acuáticas en peligro de extinción podría llevar a la cárcel (de 1 a 3 años) a quien cometa ese delito.
La anterior es una de las principales sanciones que contempla el proyecto de Ley de pesca y acuicultura.
La iniciativa ocupará a partir de mañana el primer lugar de la agenda del plenario, luego de un acuerdo político logrado entre las fracciones, que permitiría su aprobación en la primera semana del mes entrante.
El plan también castiga con prisión (de 6 meses a dos años) a quien permita, ordene o autorice la descarga de aletas de tiburón sin el respectivo cuerpo o vástago.
A estos castigos se agregan una serie de sanciones administrativas y pecuniarias (multas en salarios base) por no contar con licencia de pesca o la autorización correspondiente.
Asimismo, se multa a quien durante la pesca provoque un daño intencional a ecosistemas coralinos o rocosos.
La legislación sanciona a quien pesque en épocas o zonas de veda. También se impondrá multa a la persona que utilice sustancias venenosas, tóxicas o explosivas que dañen los ecosistemas marinos.
El proyecto de Ley de pesca y acuicultura propone, entre otras cosas, regular la comercialización, explotación, administración y protección del recurso marino.
En ese sentido, obliga al Estado a formular un plan nacional pesquero con el fin de asegurar el desarrollo sostenido de la actividad, establecer vedas y delimitar áreas de reserva para ciertas especies.
La iniciativa contiene un capítulo de diversificación del sector pesquero mediante el fomento estatal al cultivo de nuevas especies como tilapia, trucha y camarón de agua dulce (acuicultura).