Veintidós diputados consultaron a los magistrados de la Sala IV la constitucionalidad del pago de ¢3.400 millones como indemnización a 934 muelleros que laboran en el puerto de Caldera, en Esparza, Puntarenas.
Los recursos provienen del pago de intereses de la deuda pública del ejercicio económico del 2003 y están contenidos en un presupuesto extraordinario de la República por ¢63.000 millones que ayer fue dictaminado positivamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los legisladores cuestionan que se pretenda la "privatización" de un importante puerto nacional mediante una modificación presupuestaria y no a través de un proyecto de ley.
Según ellos, lo más conveniente es abrir un debate sobre la conveniencia de conceder a empresas privadas el manejo de la terminal.
Firmaron la consulta los ocho congresistas del Partido Acción Ciudadana, siete liberacionistas, los seis del Bloque Patriótico y el independiente José Francisco Salas.
Ellos se amparan en una opinión consultiva emitida por los magistrados constitucionales el 5 de setiembre. En esa ocasión el órgano jurisdiccional impugnó una transferencia de ¢3.280 millones por provenir del impuesto sobre los combustibles, o sea, por tener un destino específico.
Como parte del fallo, la Sala no cuestionó la indemnización a los muelleros. Ese órgano estimó conveniente que el pago se haga mediante una ley ordinaria pues la modificación presupuestaria no es constitucionalmente idónea.
El incentivo a los empleados fue acordado en enero del 2001 por la Presidencia de la República, el Instituto Costarricense de Puertos (INCOP), la Unión Ferroviaria y Portuaria y el Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles, como parte del plan de concesión a manos privadas de esa terminal.
Los recursos
El monto total de la indemnización es de $23,4 millones, de los que $19,1 millones serán pagados con fondos aportados por las dos empresas que operarán el puerto. El resto correrá por cuenta del Estado.
Las empresas concesionarias son el Consorcio Portuario de Caldera (capital colombiano y costarricense) y SAAM (chilena).
Un impedimento legal que la administración del INCOP no previó imposibilitó que se contara con una parte de los recursos proporcionados por las empresas concesionarias.
Como el Consejo Nacional de Concesiones promovió la licitación, el dinero lo recibe el Poder Ejecutivo y llega a la caja única del Estado.
Ese es, precisamente, el monto que se pretende transferir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que luego esa dependencia los gire al INCOP.
No obstante, el dinero será restituido por las empresas concesionarias al Estado.