La Fuerza Pública interviene en casos de emergencia o en cumplimiento de una disposición de un juez.
Tras una denuncia por violencia doméstica el juez podrá ordenar, entre otras medidas, la salida del agresor de la vivienda, el decomiso de armas, la suspensión de visitas o prohibirle el acceso al hogar.
En caso de que el agresor irrespete la medida, será denunciado ante la Fiscalía por el delito de desobediencia y si es del caso, por lesiones.
En caso de reincidencia, Seguridad Pública prepara un archivo de información para que los jueces tengan bases para ordenar medidas cautelares drásticas.
Se dispuso, desde enero, que una vez que un agresor salga de prisión, el Ministerio de Justicia avisará a la Fuerza Pública para que brinde protección.
De ser necesario, la víctima puede ser trasladada a uno de los tres albergues del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Fuente: Juzgado de Violencia Doméstica y Ministerio de Seguridad Pública.