Al menos 1.000 jóvenes fueron asesinados en el transcurso del año 2003 supuestamente por ser delincuentes, pertenecer a pandillas juveniles o parecer pandilleros, denunció esta semana una dirigente humanitaria.
En declaraciones al programa radial de su organización, Voces contra el olvido, Berta Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que el número de muertes violentas, especialmente de jóvenes menores de 25 años, en el país "es realmente escandaloso".
“Equivalen a un genocidio aunque a muchos les molesta este término”, manifestó.
Organismos de derechos humanos en Honduras coinciden en denunciar que al menos 1.000 jóvenes fueron asesinados por parecer pandilleros, pertenecer a pandillas juveniles o suponerlos delincuentes comunes.
Oliva, en su balance de la situación de los derechos humanos durante el año 2003, manifestó que resalta, entre otras violaciones a tales derechos, la aplicación de una ley antimaras que ellos consideran inconstitucional.
No a ley
El Cofadeh solicitó a la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de la ley, pero su petición no ha sido resuelta.
“Sorprende que la Suprema Corte no se pronuncie sobre lo que es una aberración jurídica que juzga la presunción y no la acción”, expresó Oliva.
Un informe del Ministerio de Seguridad entregado a periodistas establece que tras la aplicación de esta ley, en agosto pasado, fueron encarcelados 700 miembros de pandillas juveniles.
Los constantes operativos en busca de pandilleros en barrios pobres de las principales ciudades del país y su captura fueron reportados como los principales éxitos de la policía en el 2003.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Policía aseguran que los índices de delincuencia en el país se redujeron considerablemente.
“En términos aparentes queda una sensación en el sentido de que la seguridad ha mejorado, pero en los cementerios hay muchos cadáveres de personas que nadie sabe quién mató, pero que todos sospechan quién lo hizo”, denunció Oliva.
La presidenta del Cofadeh dijo que el Estado es cómplice porque no trabajó en esclarecer los casos y la aplicación de la justicia a los responsables.