Chile promulgó esta semana, tras 121 años de espera, una ley que permite a sus ciudadanos divorciarse, con lo que puso fin a un áspero debate que enfrentó a la coalición oficialista con la oposición de derecha.
"Por primera vez en nuestra historia podemos decir que Chile se puso a la altura de los países desarrollados y solucionó un tema de gran sensibilidad social", afirmó ayer la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Cecilia Pérez.
La Ministra destacó que la ley, que a su juicio no destruye las bases de la familia como argumentan sus detractores, es un logro importante no solo para el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, sino para todo el país y también para los extranjeros que se casen en Chile.
“Este es un día importante para Chile, para sus familias”, destacó Lagos el viernes, en la ceremonia en la que promulgó la legislación aprobada el pasado 11 de marzo por el Parlamento y que dejó a Malta como único país occidental sin divorcio.
La iniciativa era una de las banderas de lucha del mandatario y su promulgación llegó cuando ya pasó el ecuador de sus seis años de mandato, iniciado en el año 2000.
“Creo que Lagos no será recordado tanto porque Chile firmó tratados comerciales con Corea, Estados Unidos o la Unión Europea, sino porque solucionó el problema de miles de parejas en conflicto”, dijo el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto.
Lucha histórica
El proyecto surgió de la iniciativa de parlamentarios oficialistas hace casi diez años, aunque, como ha destacado el propio jefe de Estado chileno, los esfuerzos por establecer el divorcio se remontan a 1883.
Ese año por primera vez sectores liberales de centroizquierda pusieron sobre el tapete la posibilidad de establecer una ley de este tipo, que según encuestas de opinión a marzo del 2003 exigía el 70% de la población chilena.
Sin embargo, solo en 1914 fue presentada en el Parlamento la primera iniciativa orientada a establecer el divorcio en Chile.
“Nos tardamos mucho, pero al final lo hemos logrado”, señaló el diputado socialdemócrata Antonio Leal, que destacó que el trámite de ley que entrará en vigor en noviembre próximo beneficiará a más de 530.000 personas separadas, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Aunque en Chile rige desde 1925 la separación del Estado y la Iglesia Católica, esta última ha tenido una gran influencia en la oposición al divorcio.