El atentado en el que murió un miembro de la banda "Los Cachiros" desató una cacería en contra del hondureño Jorge Aníbal Echeverría Ramos.
La balacera se suscitó el 22 de marzo del 2003 en el restaurante Los Talibanes, en el barrio Las Flores de Tocoa, Honduras.
Las autoridades de ese país atribuyeron el crimen a una vendetta entre dos organizaciones delictivas rivales.
Al parecer, Echeverría disparó contra Osmán Isidro Rivera.
Los “Cachiros” tomaron revancha el 19 de octubre del 2003. El objetivo era acabar con Echeverría, aunque eso les costó dejar a otras cuatro personas heridas.
El sospechoso se hallaba en un carro frente al hotel Cordillera, en Colonia Trejo, Honduras.
El vehículo de Echeverría recibió 25 balas. Entre los heridos figuró la sobrina de un alto funcionario del Congreso Nacional de Honduras, Margarita Lobo.
Los otros afectados eran guardaespaldas de Echeverría, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar.
Horas más tarde, Fausto Antonio Flores –allegado a las víctimas– se presentó en un centro médico para preguntar por el estado de salud de los heridos.
Para entrar al hospital tuvo que desarmarse. Un pistolero lo atacó a balazos dentro de las instalaciones, ataque que le arrebató la vida.
Echeverría huyó a Cuba, pero en febrero llegó a Costa Rica en un vuelo de Cubana de Aviación.
Jorge Aníbal Echeverría vivió enfrentado con las autoridades de Honduras.
En abril del 2002, el diario hondureño La Prensa lo señaló como parte de las células narcotraficantes de la costa caribeña de ese país.
Aparte de las pesquisas por el homicidio de Omar Isidro Rivera (ocurrido el 22 de marzo del 2003), las autoridades hondureñas lo investigaron por otras dos tentativas de homicidio.
Entre las víctimas figuró exalcalde de Tocoa, Salvador Soto.
Por el crimen estuvo varios meses en prisión, pero recuperó su libertad tras el pago de una fianza.
En junio del 2003 le abrieron una causa por portación de arma de grueso calibre, cargo del que salió librado.
Echeverría también fue investigado por tres violaciones, información que consignó el diario La Prensa en su edición del 21 de octubre del 2003.
Ellos se basaron en un reporte de la oficina de relaciones públicas de la Policía Preventiva.