En el distrito de San Rafael de Escazú, la creciente actividad comercial y la escasez de patentes de licores han provocado que una de estas cueste entre $1.500 y $2.500 por mes.
Por la compra de una de estas patentes se ha llegado a pedir (y pagar) hasta $100.000.
Sin embargo, los propietarios de estas patentes entregan a las municipalidades un máximo de ¢150 ($0,34) por trimestre. Este es el monto estipulado por la Ley de Licores de 1936.
Los montos fueron señalados por Vicente Bruno, presidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) y los ratificaron propietarios de restaurantes.
Muchos de estos locales son restaurantes de comida internacional, cuyo menú no puede prescindir de licores.
"Un restaurante en Escazú puede gastar más en el alquiler de la patente que en el del local", explicó un propietario, quien prefirió el anonimato. “Además, al ser pocas las patentes, los dueños se ponen de acuerdo en los precios”, dijo.
Según Bruno, Escazú demuestra la necesidad de un cambio en la ley. Allí, citó la necesaria diferenciación entre bares y restaurantes.
Además, dijo que distritos como San Rafael tienen una población flotante (turistas, estudiantes) que hace insuficientes los datos del censo nacional.