Tras más de 16 años, Estados Unidos no le ha devuelto a Costa Rica tres armas decomisadas al narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido aquí en abril de 1985.
La Corte Suprema de Justicia le prestó las armas a un Tribunal Federal de Los Ángeles, California, para que sirvieran como evidencias en el juicio por la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena, sucedido en marzo de 1985 y cuyo principal implicado era Caro.
El préstamo se ´hizo en agosto de 1988.
La Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos mediante la oficina de prensa de su embajada, en San José, indicó a La Nación que las armas se hallan bajo custodia de esa dependencia.
Señalaron que no han sido devueltas porque el juicio por el crimen de Camarena no se ha realizado.
Una de las armas, era una pistola Colt, superautomática calibre 38, cuya cacha tenía incrustaciones de diamantes.
Otra era un fusil marca Cal, calibre de 5.56 milímetros y una pistola Colt, calibre 45.
Las armas le fueron decomisadas a Caro Quintero en un operativo ejecutado por agentes de Seguridad Nacional, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el Departamento de Narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública el 4 de abril de 1985.
El operativo se ejecutó en una mansión que se ubicaba en San Rafael de Alajuela, que el narcotraficante mexicano había comprado días antes de su ingreso a país.
La entrega de las armas
Un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y un agente de la DEA destacado en la embajada estadounidense, en San José, llevaron las armas a Miami el 21 de agosto de 1988, según consta en un documento en poder de este diario.
El agente que declinó que su identidad se publicara, recordó que las tres piezas iban envueltas en un papel grueso color natural y cinta adhesiva.
El paquete tenía impresos los sellos del Poder Judicial.
Cuando el avión llegó al aeropuerto de Los Ángeles el oficial de la DEA entregó el armamento a dos oficiales de origen hispano de esa oficina.
El 3 de abril de 1991, el secretario general de la Corte en ese entonces, Gerardo Aguilar, le comunicó al auditor del Poder Judicial que al 17 de enero de ese año Estados Unidos no había devuelto los citados bienes.