Los productores independientes de banano de Costa Rica abogan porque el país y las transnacionales tengan posiciones flexibles, que se adecúen al avance de los acontecimientos.
Estos empresarios, obligados a vender su fruta a las firmas comercializadoras, están ubicados en el centro del conflicto bananero y probablemente serán los grandes perjudicados frente a eventuales decisiones contra Latinoamérica.
Las posiciones se pueden resumir de la siguiente manera:
El Gobierno de Costa Rica y la Corporación Bananera Nacional prefieren el libre comercio y, por tanto, se oponen desde hace mucho tiempo a un arancel en la UE. En el escenario actual, donde los europeos proponen un impuesto muy alto, se inclinan por apoyar el sistema actual (cuotas, licencias y arancel de 75 euros por tonelada), lo cual usarían como base de negociación.
Territorios europeos de ultramar y productores domésticos piden que el arancel sea aún más alto que los 230 euros por tonelada puestos en la mesa de negociación. Solicitan 300 euros por tonelada.
Los latinoamericanos tienen consenso sobre la oposición al arancel propuesto de 230 euros por tonelada. Esta tesis fue ratificada durante una reunión el lunes y martes de la semana pasada, en Guayaquil, Ecuador.
Las transnacionales comercializadoras se dividieron. Del Monte de manera fuerte y Dole en una forma más moderada critican que el Gobierno diga que prefiere una la situación actual; Chiquita (más beneficiada con las licencias) está de acuerdo con el Gobierno.