Si se anunciara un aumento de 65 por ciento para altos funcionarios públicos, probablemente habría tanta oposición que no se aprobaría. Pero si la medida es parte de una ley contra la corrupción, podría pasar inadvertida y sin cuestionamientos.
Esto último es lo que ocurrió con la reciente Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, según creen algunos diputados que ahora promueven un proyecto de ley para anular el incremento.
El incremento
La nueva legislación estableció que desde el Presidente hasta los jefes de departamento de las entidades públicas tendrán prohibición para desempeñar otros trabajos, y como reconocimiento se les aumentará el 65 por ciento del salario base.
La medida regirá después de que el Gobierno reglamente la ley y señale con exactitud a qué funcionarios cubre.
Una vez que eso se conozca, se calculará el costo del aumento para el Estado. Sin embargo, ya el Ministerio de Hacienda informó de que se verá obligado a buscar recursos de otro lado e incluirlos en un presupuesto extraordinario este año.
Un número importante de funcionarios ya recibe compensación por prohibición o dedicación exclusiva (de 20 por ciento a 65 por ciento), y con la nueva ley más personas recibirán el beneficio o en un mayor monto.
En contra
Pero si se aprueba un proyecto de ley del Partido Acción Ciudadana, la prohibición de hacer otros trabajos entraría en efecto sin ninguna remuneración.
"Hacer aumentos no era el espíritu de la ley y además las finanzas del Estado no están para estar pagando aumentos tan fuertes. Esto pudo haber sido una trampa de algunos sectores," dijo el diputado libertario Carlos Salazar.
Para Laura Chinchilla, de Liberación Nacional, "se nos pasó (el incremento, a los diputados) y no actuamos con suficiente celo". Dijo que hay buen ambiente para revisarlo, "aunque supongo que habrá oposición de quienes ya se están frotando las manos".
Federico Vargas, del PUSC, defendió la ley porque en su criterio ya muchos tienen el beneficio. Cree que si se remunera mejor hay menos "tentaciones."
Pero Epsy Campbell, del PAC, quien propuso la iniciativa, dijo que no es en una ley contra la corrupción donde corresponde decidir esos montos.
La decisión de enviar el proyecto a las sesiones extraordinarias del Congreso dependerá del Poder Ejecutivo.