Bogotá. EFE. La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, indagará crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia y el Gobierno de ese país afirmó ayer que "colaborará activamente".
El delegado colombiano ante el tribunal, Guillermo Fernández de Soto, dijo que el tribunal solicitó información sobre las acciones tomadas por el Gobierno para sancionar los crímenes de los paramilitares y defender los derechos humanos.
En la carta, la CPI solicitó información sobre la actuación del Gobierno colombiano en materia de derechos humanos, especialmente de las personas secuestradas, pues se conocen al menos 53 casos de violación de los derechos humanos.
Un juez de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, explicó que también hay datos de que "miles de personas han sido asesinadas, desaparecidas y desplazadas de manera forzada" por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como agentes estatales.
La intervención de la CPI ocurre luego de conocerse una propuesta legislativa en favor de los paramilitares, quienes hace dos años están en negociaciones con Colombia.
El funcionario dijo que "de ninguna manera se puede desconocer la gravedad de ciertos hechos ocurridos en el país". Sin embargo, advirtió que la labor de la CPI es hasta ahora de investigación y aún "no ha emitido aún ningún juicio de valor sobre el caso colombiano".
La CPI ha pedido informes no sólo al Gobierno colombiano sino también a varias organizaciones.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresó que la investigación es una advertencia a los grupos violentos de que no quedarán impunes.
"Ese informe que pide la CPI es una notificación a los terroristas de que no van a seguir delinquiendo impunemente, que no van a tener la persecución y la preocupación solamente de la justicia colombiana sino de este órgano internacional de justicia", afirmó.