Con la aprobación o rechazo de la ley de pensiones de privilegio a un grupo de educadores, los partidos políticos tradicionales revelarán qué realmente motiva su discurso y sus acciones: populismo o responsabilidad fiscal.
Aparentemente, el PUSC y el PLN, con el entusiasta apoyo de Óscar Arias, votarán a favor el proyecto que otorga privilegios a más de 7.000 maestros que los demás financiaremos con nuestros impuestos.
Paradójicamente, estos mismos partidos y sus precandidatos impulsan el Plan Fiscal supuestamente para sanear las finanzas públicas. Un voto a favor de este odioso privilegio dejará claro que los recursos del nuevo paquete tributario se usarán para comprar votos a los grupos de presión más vociferantes.
El proyecto permitirá a los maestros pensionarse, tras 30 años de docencia, con el 100% del mejor salario del los últimos cinco años. Creen haber cotizado lo suficiente para merecer estos términos y que su patrono (el Estado) no cumplió su parte.
Sin embargo, un análisis actuarial de la SUPEN prueba que el régimen del Magisterio sería deficitario, aunque el Estado hubiese aportado lo que exigían los maestros.
Pese a que los maestros cotizan el 11% de sus salarios hacia su pensión (comparado con el 2,5% de los que estamos afiliados al régimen de IVM de la Caja), el régimen del Magisterio presume una cotización estatal de otro 11% adicional. Para los afiliados a IVM los patronos aportan 4,75% del salario y el Estado 0,25%, un total de 5%.
Los maestros pretenden hacernos creer que, porque ellos cotizan más para su pensión, los demás debemos regalarles en aportes estatales la diferencia adicional. Actualmente, todos los regímenes de pensión son deficitarios. Si aprueban el proyecto al Magisterio, según la SUPEN, cada maestro disfrutará de pensión durante 29 años, pero para 18 de esos años no cotizó, y su pensión la costearemos los demás.
Los otros regímenes de pensión, IVM, Poder Judicial y, por supuesto, Hacienda, ostentan situaciones financieras al menos igual de precarias y también requieren cirugía mayor. Todos estos sistemas deberían fomentar la jubilación tardía, no la temprana, con beneficios crecientes en forma importante según la edad de retiro.
Esta Ley del Magisterio que pretenden aprobar, lejos de mejorar la situación financiera de las pensiones, la empeora. El Presidente debe mostrarse presidencial y vetarla.