Managua. AFP. El Congreso de Nicaragua criticó ayer el estado de emergencia económica declarado la víspera por el presidente Enrique Bolaños, y cuya ratificación o rechazo le corresponde a los congresistas.
Las bancadas del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y del Partido Liberal Constitucional (PLC, derecha), que dominan el Parlamento, estudiaban ayer la posición que asumirán frente al decreto, aunque algunos de sus miembros adelantaron criterios.
"Vamos a revocar el decreto porque demuestra la vocación dictatorial del Presidente, quien se ampara en una crisis energética para suprimir las garantías constitucionales de los nicaragüenses" y proteger a las empresas eléctricas, adelantó el vicepresidente del Legislativo, el liberal Wilfredo Navarro.
Vía Libre. "Con este decreto el Presidente puede hacer lo que le dé la gana, porque suprime" las garantías constitucionales que permiten a los nicaragüenses criticar, denunciar y recurrir de amparo contra una medida que afecta sus derechos, advirtió por su lado el diputado sandinista Agustín Jarquín.
Bolaños decretó el lunes una emergencia económica que le faculta a tomar las decisiones que considere necesarias para solucionar el déficit energético que enfrenta el país, a causa de las deudas que la distribuidora española de electricidad Unión Fenosa tiene con las generadoras de energía.
Le autoriza además a hacer los ajustes económicas que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para descongelar préstamos internacionales, entre los que figuran algunas leyes y reformas que deben ser aprobadas por el Parlamento antes de junio.
La primera decisión del presidente fue autorizar un incremento del 11,83% de la tarifa de electricidad a Unión Fenosa para que pueda compensar las pérdidas provocadas por el alza del precio internacional del petróleo.
El ajuste de tarifas pretende ayudar a Unión Fenosa a saldar las deudas con las generadoras.