A pesar de la demostrada fortaleza de nuestro sistema electoral, es común que, en vísperas de los comicios, algunos sectores irresponsables -generalmente ligados a quienes marchan atrás en las intenciones de votos- difundan rumores sobre posibles alteraciones en el proceso y hasta presuntos intentos de fraude. Es una vieja historia que, dichosamente, cada cuatrienio demuestra su ligereza y falsedad. Pero no por esto debemos permanecer silenciosos ante los agoreros, sobre todo cuando, como en esta ocasión, la paranoia parece haber invadido las mentes de personas que, por su formación y antecedentes, deberían tener una actitud más racional y responsable frente al juego político y la voluntad de los electores.
La paranoia, en política, se refleja cuando, tras cualquier postura de un adversario, vemos manipulaciones, conspiraciones y segundas intenciones; cuando somos incapaces de reconocer en otros propósitos buenos o, al menos, neutrales, y nos convencemos, al contrario, de que solamente nuestro bando es capaz de tenerlos; cuando al que opina o vota distinto lo calificamos como un manipulado, ignorante o enemigo; cuando, en fin, nos alejamos de la realidad y la sustituimos con prejuicios, fantasías o rumores. La paranoia, por ello, es enemiga del verdadero juego democrático, que implica aceptar las diferencias, respetar las posiciones ajenas y reconocer, a cada uno, el derecho que tiene -en ejercicio de sus convicciones o equivocaciones- de ejercer el voto como mejor le parezca.
En este proceso electoral hay una situación objetiva que, sin duda, resulta inconveniente: por desinterés de muchos ciudadanos, descuido de algunos partidos y reducida capacidad de convocatoria de otros, se ha producido un inconveniente rezago en la juramentación de los fiscales de mesas. Hasta el lunes, según informamos ayer, había aún 15.000 personas que no habían cumplido con ese deber. Esto es lamentable, pero partir de esta situación para, como han hecho algunos, levantar el espectro de posibles fraudes en algunas mesas, hay una enorme -e irresponsable- distancia. Basta con saber, para desmentir esa especie, que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha desarrollado un plan de contingencia para que en cada mesa haya suficientes fiscales, que varios partidos se están esforzando a última hora para llevar a los suyos y que, además, los inspectores y delegados electorales sirven como eficaces contralores del proceso. Esto, sumado al profundo compromiso con la libertad del sufragio que tenemos los costarricenses, da pie para la confianza absoluta en la pureza del proceso.
Por todo lo anterior, los electores podemos estar tranquilos y debemos, además, exigir tres cosas a los dirigentes que, desde su paranoia, insisten en los falsos rumores. Esas tres exigencias son realismo, sensatez y respeto. Realismo, para que no sustituyan lo que revelan los hechos con lo que su imaginación inventa. Sensatez, para no ceder ante las tentaciones de la ira, el rechazo o la descalificación de los resultados adversos. Y respeto, para aceptar que cada ciudadano, independientemente de sus motivaciones, virtudes o carencias, está en pleno derecho de votar como quiera. Es este acto el que produce ganadores y perdedores.
Debemos prestar oídos sordos a los paranoicos políticos y, el próximo domingo, acudir a las urnas con entusiasmo democrático, confianza institucional y respeto hacia los demás. Sabemos que votar es un derecho supremo y un deber ineludible. Hay que ejercerlos con la certeza de su importancia y la clara noción de que el voto es la base de nuestra democracia, y su respeto, una constante de nuestra historia por más de medio siglo. Y, cuando conozcamos los resultados, quienes se consideren ganadores deben ser generosos en su triunfo, y quienes sufran la derrota deben aceptar la voluntad mayoritaria. Eso no es solo ser sensatos; es, más aún, ser verdaderos costarricenses.