El gobierno de Óscar Arias intentará convencer a los próximos diputados de que reformen la Ley de Migración y Extranjería que los actuales legisladores dejaron para entrar a regir el 12 de agosto.
El Presidente electo dijo que propiciará cambios para evitar que la policía tenga "exceso de atribuciones" contra los inmigrantes, pues ante la presunción de que están ilegales podrían ser deportados.
Otros aspectos de la Ley "deberán cumplirse", dijo Arias, en relación, por ejemplo, a sanciones para patronos que contraten a ilegales y evadan cargas sociales. La multa, en ese caso, es hasta de ¢2,2 millones. "El peso de la ley les caerá sin ninguna duda", agregó.
En entrevista con La Nación, admitió que la Ley servirá para controlar el flujo migratorio.
Esta normativa creó el delito de "coyotaje" para quien trafique inmigrantes, y se castiga con cárcel de dos a seis años.