La mala construcción de viviendas de interés social -y desinterés de no pocos constructores y del Estado- se ha prolongado por ocho años, desde la administración Rodríguez Echeverría a la actual. En esta el ministro de Vivienda, Helio Fallas, realizó un esfuerzo encomiable para poner orden en este sector. La razón de su renuncia obligada comprobó el fundamento de las continuas denuncias formuladas por los quejosos y los diversos reportajes de la prensa nacional. Un grupo de diputados, el clientelismo político y la debilidad de los gobernantes se encargó de desandar lo andado.
Nuestros reportajes sobre este abuso incalificable contra la gente pobre, seguidos de los respectivos comentarios editoriales, han sido constantes, pese a las amenazas y descalificaciones de los responsables. Por estas dos razones -la injusticia y las amenazas- hemos continuado con nuestras informaciones y editoriales. No obstante el número y fuerza de las denuncias de los medios de comunicación, los abusos no se han detenido. Más aún, el desorden e impunidad es de tal naturaleza y, al parecer, tan rentable que ahora proliferan defensores de las familias con deficiencias en la construcción de las viviendas o interesadas en obtener un bono o financiamiento para este fin, o bien de intermediarios para aligerar los trámites.
El descomunal desorden en estos ocho años no tiene fin. Más bien, adquiere nuevas modalidades. Ocho beneficiarios del proyecto social Josefa, en Esquipulas de Palmares, personas de escasos ingresos, tuvieron que recurrir a la suspensión de los pagos de los créditos en el Banco Popular por fallas evidentes en la construcción de sus viviendas. No tenían otra salida por cuanto la otra parte no había cumplido.
Desde el 2002, con menos de un año de construidas las viviendas, estas presentaban diversas fallas, prueba de que no se habían satisfecho los procedimientos técnicos elementales en la estructura, en las gradas, en las puertas, la evacuación de aguas negras, las cerchas y hasta la calidad de la madera. Un informe del Ministerio de Vivienda, con base en 23 casas elegidas al azar, ordenó la demolición de las estructuras de dos casas. Conclusión: la suspensión de los pagos por las razones dichas dejó en la calle a estas familias.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró inhabitables dos viviendas en la urbanización Pacuare Viejo, en la ciudad de Limón. Otra familia teme morir aplastada por el estado de la casa y, en el inicio de la urbanización, tres viviendas sin terminar se desplomaron. Estos casos y muchos otros señalados en estos ocho años, una historia de nunca acabar, demuestran el estado de indefensión en que se encuentran muchas familias por la irresponsabilidad de diversos constructores independientes o de empresas constructoras, agravada por la indiferencia del Estado que, por tanto tiempo, ha tolerado esta agresión contra los derechos y los intereses de la gente pobre.
Como lo hemos recalcado en el análisis de diversos problemas sociales, a los que este gobierno no les ha prestado ninguna atención, el abuso reiterado de constructores de viviendas contra las familias pobres, aunado a la pasividad estatal, debe ser uno de los primeros puntos de la agenda del nuevo ministro de Vivienda. Se impone, asimismo, una investigación sobre el funcionamiento del Sector Vivienda y sobre los atestados técnicos y éticos de quienes han incurrido, a lo largo de estos años, en este tipo de anomalías.