Ser mujer, pobre e indígena en Guatemala es la fórmula perfecta para una vida de discriminación, dentro y fuera del hogar, bajo normas culturales y legales.
El gran problema es que la mayoría de la población femenina de Guatemala responde a ese perfil y pone a las mujeres a merced de la violencia, según informes de organismos de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional emitidos el año pasado.
En el Código Penal guatemalteco un hombre es inocente de violación si se casa con la víctima, lo cual la condenaría a ella a una vida con su atacante.
Además, el Estado no hace de oficio el enjuiciamiento. Debe hacerlo la víctima, si puede pagar un abogado y enfrentar la "vergüenza" que ello representa en una sociedad altamente machista.
Violencia doméstica, violación conyugal y acoso sexual no existen como delitos. En el primer caso, solo se puede acusar por lesiones que duren más de 10 días.
En relación con las menores de 18 años, para que exista delito de abuso sexual la víctima debe demostrar que es "honesta", con lo cual la sociedad la enjuicia a ella antes que al abusador.
El 66 por ciento de las niñas de zonas rurales dejan la escuela en tercer grado y muchas terminan como empleadas domésticas, ocupación no regulada por la ley.
La ayuda legal, económica o psicológica para mujeres es limitada y muchas veces no se dispone de intérpretes para las indígenas.
Tras cuernos, palos. Si las leyes imponen condiciones duras sobre las mujeres, quienes las aplican añaden otras más.
Muchas denuncias son recibidas con "actitudes desdeñosas" por policías y funcionarios judiciales y van de oficina en oficina.
En el 2002, cuando familiares de Nancy Peralta intentaron denunciar su desaparición, la policía preguntó si estaban seguros de que la joven no se había escapado con el novio y les pidieron volver en 48 horas. Mientras se daba esa conversación, el cuerpo de la joven tenía tres horas en la morgue.
Las mujeres cabeza de hogar están más expuestas a la violencia, pues el trabajo remunerado tiene connotaciones sexuales, por las que la comunidad las aísla y los hombres se creen con derecho a hacer avances sexuales.
Poca educación, presión social, discriminación legal y falta de apoyo estatal ponen a las mujeres en una encrucijada: limitarse al ámbito doméstico, exponerse a la violencia en la esfera pública y, en muchos casos, a ambos.