La Policía de Tránsito empezará hoy a aplicar multas hasta de ¢30.000 a los autobuses que no estén acondicionados para facilitar el acceso a personas con discapacidad.
Viviana Martín, viceministra de Transportes, anunció que esta mañana se establecerá un primer puesto de control en la Avenida 10 de San José para revisar los buses que conectan la capital con el distrito de Pavas.
Las sanciones entrarán en vigencia luego de que el 30 de mayo venciera el último plazo de tres años que concedió la Ley de igualdad de oportunidades para colocar rampas y otras facilidades en los buses.
Después de que la Sala IV rechazara ayer un recurso de amparo interpuesto por la Cooperativa de Transporte Remunerado de Personas de Moravia y Sectores Circunvecinos R.L., las multas quedaron en firme.
Otras 13 acciones se encuentran en estudio de los magistrados constitucionales. Sin embargo esto no impide que el el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplique las sanciones, según informó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
Los propietarios de aquellos buses que sean multados tendrán un plazo de tres meses para ponerse a derecho.
Durante este periodo podrán seguir circulando sin ser nuevamente multados.
Afectados. El representante del Consejo de Transporte Público, Olman Bonilla, alega que la instalación de las rampas en el 100% de los autobuses, tal y como exige la ley, es una medida "desproporcionada e irracional".
Bonilla consideró que es en ese sentido que se debería de revisar la normativa y sus sanciones.
"Nosotros somos solidarios con las personas con discapacidad pero creo que no es necesario acondicionar la totalidad de la flota para sólo un 2% de la población que la necesita y viaja en autobús", argumentó.
Pero Mario Devandas, del Comité de Información de Personas con Discapacidad, consideró que el porcentaje citado por los autobuseros es incorrecto.
Devandas sostiene que mucha gente no utiliza los autobuses porque no están adaptados.
"Son muchos los que necesitan las rampas. No solo los discapacitados sino también personas mayores o aquellos que temporalmente usan muletas por haber sufrido algún accidente", señaló.
Instalaciones. Olman Bonilla, explicó que la colocación de las rampas supone una inversión de $10.000 (¢5.110.000) por autobús y precisa además de desniveles en las paradas de buses que la administración todavía no ha construido.
"El uso de la rampa exige que el conductor abandone su puesto y ayude al discapacitado a subir al autobús, lo que provoca retardos hasta de 15 minutos", dijo.