Varios representantes de instituciones públicas se quejaban de que la Sala Constitucional eliminaba beneficios exclusivos de las instituciones donde laboran, por lo que algunos decidieron renunciar a sus empleos, mientras otros culpaban al TLC de promover esos cambios.
Dirigentes sindicales calificaban de "injusticia" la eliminación de estos beneficios exclusivos de empleados de instituciones públicas: cesantías sin límite, reducción en el porcentaje de pago por cargas sociales, pólizas de seguros diferidas, etc. Se llamó a un paro a fin de pronunciarse contra la equiparación de los derechos laborales del sector público con los del privado.
Igualdad. Al frente, los trabajadores del sector privado, la mayoría de los ciudadanos productivos del país, observamos y nos preguntamos: ¿Por qué es injusto que los pocos empleados del sector público tengan beneficios laborales iguales a los nuestros? ¿Por qué merecen beneficios mayores? ¿Es acaso que trabajan jornadas mas largas que las nuestras? ¿Es que se esmeran "el doble" por atendernos cuando visitamos un hospital, un puerto o una institución de servicios públicos? ¿Es que tienen más hijos y más responsabilidades económicas que nosotros? ¿Es que tienen mas títulos académicos o que les costaron más noches sin dormir y más esfuerzo económico que a nosotros? ¿Es que son más ticos que nosotros? ¿Dónde esta la injusticia de que un país que establece como principio constitucional que "todos somos iguales" haga cumplir este principio mediante la estandarización de obligaciones y derechos de todos los ciudadanos?
Si la reducción de beneficios del INS se transmite en tarifas de seguros mas bajas para los asegurados; si la reducción de beneficios en la CCSS logra compensar el déficit del fondo de pensiones de todos o genera los recursos para reducir las listas de espera de procedimientos urgentes que carecen de equipos; si llega a reducirse algún beneficio del ICE o Racsa que nos asegure tarifas mas bajas y servicio mas eficiente para los usuarios. ¿No sería esto beneficioso para todos?
Desempleo. Si el INS, Racsa y el ICE tuviesen menos gastos, podrían ofrecer productos y servicios de mejor calidad a tarifas más accesibles... ¿No sería esta una medida de preparar esas instituciones para la competencia inminente de la apertura comercial y asegurar así el trabajo de los funcionarios? ¿No es el desempleo uno de los grandes temores de quienes rechazan la apertura de los monopolios?
Finalmente, si la Sala Constitucional solo busca hacer prevalecer el principio de igualdad de todos los costarricenses, ¿dónde está la injusticia en tales acciones?
Explíqueme, señor empleado publico, ¿dónde está la injusticia de que sus derechos laborales sean iguales a los míos?