El director de la Policía Judicial, Jorge Rojas, se mostró a favor de cubrir con una póliza a los colaboradores, pero asegura que es aún más urgente la protección de los detectives por los daños y perjuicios que puedan ocasionar.
Los oficiales no cuentan con una póliza que los proteja de las acciones civiles derivadas de su actuación, como daños a terceros.
"Ellos (en el Instituto Nacional de Seguros) no nos aseguran bajo el argumento de que el investigador corre un alto riesgo de verse en una situación que lo lleve al uso de esa cobertura.
"Para el investigador, eso es un riesgo enorme porque, en caso de cualquier problema, tendría que pagar él", explicó Rojas.
Así le ocurrió a un agente que mató, durante un operativo, a un delincuente. En la vía penal, al investigador lo absolvieron.
En la vía civil, el Estado y el Policía fueron condenados al pago de ¢25 millones (¢12,5 millones).
El detective ya comenzó a desembolsar el monto. Asimismo, en estos momentos, un agente que respondió al fuego de unas malhechores está demandado por las heridas causadas a las detenidas.
"En estos momentos, uno lo piensa para disparar por el temor a los daños. Si uno choca el carro en una persecución, no solo tiene que pagar el de la institución (OIJ), sino también el del tercero", comentó un agente.
Acercamiento. La jefatura del OIJ y altos jerarcas del Poder Judicial se reunieron con el presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, para discutir la situación.
"Le expusimos el caso, y él se preocupó mucho. Prometió que nos iba a resolver este asunto pues vale la pena analizarlo", explicó el jefe policial.