Los contribuyentes calculan sus declaraciones y a veces pagan menos que el impuesto exacto según Tributación. Tiempo después podrían detectar el error o arrepentirse del cálculo inexacto, y decidir reparar el incumplimiento con una nueva declaración que sustituya la original.
Es así como la llamada "declaración rectificativa" (artículo 130 Código tributario) borra la anterior, y genera una obligación a pagar o un saldo a favor del contribuyente. En el segundo caso, quien pagó en exceso corrige su error, se convierte en acreedor de Hacienda y "cobrará" mediante una compensación o una devolución del saldo a favor. No existe un tope de cantidad de rectificaciones, ni tampoco hay un plazo máximo para realizarlas, a diferencia del plazo de tres años para tramitar la compensación o la devolución correspondiente.
Estas ventajas contrastan con el efecto de interrupción en el plazo de prescripción, por el que se conceden tres años más al Fisco para revisar el período fiscal respectivo, situación probable en la medida que la rectificación genere un saldo a favor. Además, la ley previene los abusos de contribuyentes al precisar que una vez iniciada la fiscalización, la rectificación es una petición sujeta al refrendo de las autoridades, sin que interfiera en su conclusión ni en el eventual procedimiento determinativo.
Téngase en cuenta que una oportuna rectificación antes del inicio de una auditoría puede salvar a una persona con contingencias del calibre de delito fiscal, por considerarse una corrección "espontánea".
El fallido plan fiscal incluía restricciones fuertes al derecho a rectificar: solo por una vez, solo para pagar más impuestos, con plazo máximo de 180 días después del cierre fiscal, y prohibido una vez que se inicia la fiscalización. Hacienda manifestó con esta intentona una infundada irritación contra la necesaria flexibilidad para que el contribuyente revise y ajuste sus decisiones. Confiemos en que esta "ley del embudo pro fisco" haya quedado archivada.