Guatemala, 1 ago (ACAN-EFE).- La explotación de níquel en una región del Caribe guatemalteco enfrenta al Gobierno y grupos ambientalistas, luego de que el Parlamento anunciara que pedirá revocar una licencia para explotar ese mineral en el país.
El viceministro de Energía y Minas, Jorge García, aseguró hoy en rueda de prensa que no se derogará la licencia otorgada a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en diciembre de 2004, porque la posición del Congreso está basada en un estudio preliminar de impacto ambiental.
El pasado jueves, el presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Julio Morales, anunció que pedirán al presidente de Guatemala, Oscar Berger, derogar la licencia de explotación de níquel en el Lago de Izabal, en el Caribe, porque el estudio demuestra que produce contaminación ambiental.
No obstante, García sostuvo que la compañía aún se encuentra en una fase de exploración y que para ello no se necesita la aprobación de un estudio de impacto ambiental, sino hasta que la planta comience a explotar los minerales.
El viceministro admitió que los estudios realizados hasta el momento revelan una mínima contaminación de las aguas dulces y destrucción de la flora y fauna de la región.
Sin embargo, aseguró que la riqueza natural será recuperada en el mismo tiempo que dure la actividad minera, unos 20 años, según la licencia de concesión.
El Gobierno de Berger autorizó los trabajos de explotación de níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio en un área de 6,29 kilómetros cuadrados y sólo las canteras abarcarán unos 4,56 kilómetros cuadrados.
De acuerdo con las proyecciones, la empresa invertirá unos 540 millones de dólares para poner en funcionamiento la planta que fue abandonada a principios de los años 80 por otra compañía.
La decisión del Ministerio de Energía y Minas de no revocar la licencia sorprendió a grupos ambientalistas que veían como positiva la intención del Congreso de pedir la derogación.
El colectivo Trópico Verde considera que los trabajos mineros devastarán la flora y fauna del Lago de Izabal, donde se ubica uno de los mantos acuíferos más grandes del país.
Los beneficios que tendrán las población serán mínimos en comparación con la destrucción de la naturaleza, dijo a periodistas el ambientalista de Trópico Verde, Carlos Albacete.
Por su parte, José Cruz, dirigente de Madre Selva, calificó de "ilegal" la licencia por considerar que la explotación está en un área protegida.
Hasta diciembre de 2005, el Ministerio de Energía y Minas había otorgado 23 licencias de explotación de metales como oro, antimonio, hierro, zinc, uranio, níquel, cromo, platino y cobalto, entre otros. ACAN-EFE
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