Santiago de Chile, 15 ago (EFE).- Decenas de trabajadores de la minera chilena Escondida, situada en el norte chileno, viajaron hoy rumbo al Parlamento, en apoyo a las demandas de más de 2.000 mineros que este martes cumplieron nueve días en huelga.
"Con el respaldo de distintos gremios de la actividad minera mañana, miércoles, 300 trabajadores de la minera Escondida protestarán en las afueras del Congreso Nacional", señaló a periodistas el portavoz de los trabajadores, Pedro Marín.
Indicó que la protesta se hará justo cuando los dirigentes se encuentren reunidos con la comisión de Trabajo y Agricultura de la Cámara de Diputados y el Senado, para solicitar cambios a la ley del Trabajo y a la actividad sindical.
El sindicato exige un aumento salarial del 13 por ciento y un bono especial de 16 millones de pesos (29.629 dólares) por trabajador, con cargo al aumento del precio mundial del cobre, que permitió a la empresa multiplicar varias veces sus ganancias.
Escondida, la mayor productora privada mundial de cobre, propiedad de la australiana BHP-Billiton, ofrece en tanto un aumento salarial del 3 por ciento, además de bonos y otros beneficios que suman 11.600.000 pesos (unos 21.481 dólares) por trabajador.
Marín explicó que hoy a las 20.00 GMT los mineros iniciaron el viaje en siete microbuses, que tardarán más de 20 horas en recorrer los 1.500 kilómetros que separan a Antofagasta del puerto de Valparaíso, sede del Legislativo.
Señaló que, tras la protesta en el Parlamento, se dirigirán al Palacio de La Moneda "para exigir que la presidenta Michelle Bachelet cumpla con sus compromisos".
Hoy debía desarrollarse la tercera reunión entre la empresa y los trabajadores, tras el restablecimiento del diálogo entre el sindicato único de trabajadores y ejecutivos de Escondida.
Marín dijo que "es una vergüenza que mientras 2.000 trabajadores se encuentran en huelga, empresas contratistas, ligadas al giro, están operando la planta casi en forma normal, como lo permite la actual legislación laboral. Es una burla".
Señaló que pedirán el restablecimiento de la ley 16.757, derogada por la dictadura militar (1973-1990), la que impedía que las empresas contrataran a personal foráneo, mientras la plantilla de trabajadores permaneciera en huelga por mejoras salariales. EFE
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