En EE. UU., reconociendo la necesidad de apoyar a las pymes para fortalecer la economía de mercado, el Congreso legisló a favor de ellas desde 1953, con la Small Business Act (Ley de la pequeña empresa). Allí se establece que el Gobierno federal debe proteger, por diversos medios, a la pequeña y mediana empresa, y proporcionarles asistencia técnica y la necesaria transferencia de tecnología. Esencial en esta política fue dar a las pymes un porcentaje apreciable de la compra pública, disminuyendo así el riesgo de quiebra, factor importante en este tipo de negocios.
Para esos propósitos precisamente, se estableció la Administración de la Pequeña Empresa, que coordina la compra pública reservada a las pymes y funciona por objetivos, con reglas específicas de compra, como reservar contratos inferiores a ciertos montos para esos efectos, u obligar a ciertas grandes empresas a generar encadenamientos productivos con empresas de menor tamaño, como condición para obtener algunos mercados públicos.
La Ley tiene otros aspectos positivos, pero es de resaltar el uso de las compras del Estado como mecanismo de integración social y de generación de capacidad empresarial entre los más pequeños. Únicamente para dar una idea, $65.000 millones de los mercados públicos directos se reservaron para las pymes e, indirectamente, $30.000 millones en el 2003. Esto representa un 20% de los contratos de compra estatales.
Empleo y desarrollo. En Costa Rica deberíamos imitar este tipo de iniciativas para orientar la intervención estatal dirigida a la generación de empleo y la protección de los empresarios más débiles. Reservar cierto tipo de mercados públicos a pequeñas empresas, cooperativas, empresas de personas con discapacidad, entre otros, es una opción para el desarrollo.
Algunos objetarán que el Estado debe comprar con la mejor relación calidad-precio para que se administre de la mejor manera el dinero de los contribuyentes. Ese argumento es válido y la mayor parte de los mercados públicos tienen que otorgarse con estos criterios. Sin embargo, me parece que la eventual pérdida, en términos monetarios, producto de este tipo de iniciativas, se vería compensada en lo global gracias al incentivo que se daría a muchas pequeñas y medianas empresas que, ahora, no cuentan con mecanismos de ayuda eficientes para desarrollarse y producir bienes y servicios de alta calidad.
Ahora que han salido noticias lamentables sobre cómo se manejan algunas de las compras de nuestro empobrecido e ineficiente Estado, sería interesante pensar en la necesidad de usar los mercados públicos como herramienta para el bienestar social. Las compras del Estado deben transformarse en instrumento para fomentar la eficiencia y la solidaridad del conjunto de la sociedad.