Debido a los elevados costos del mantenimiento de las imágenes, se ha restringido su acceso solo para las personas registradas en PrensaCR.
En caso de poseer una cuenta, hacer clic en “Iniciar sesión”, de lo contrario puede crear una en “Registrarse”.
En "Municipalidades tienen ociosos 8.300 millones para carreteras" (La Nación, 23/8/06) se involucra a la Municipalidad de Nicoya con ¢308 millones, como si este ayuntamiento no quisiera gastarlos, se llega incluso a ilustrar la nota con una fotografía del barrio Chorotega de Nicoya y se aduce que la vía es pésima, cuando acabamos de pavimentar casi todas las calles de ese barrio con una inversión cercana a ¢30 millones.
Debemos aclarar que los datos que maneja La Nación son erróneos y corresponden al 31 de diciembre del 2005, fecha en la cual se fija el monto que le corresponde del impuesto a los combustibles en acatamiento a la Ley n.° 8114, para el periodo siguiente. En lo que va del 2006, la Municipalidad de Nicoya ha realizado reparaciones y pavimentación en gran cantidad de rutas cantonales, por ¢243.750. 862, y queda un saldo en caja única del Estado por girar y para invertir en reparación de vías, por el resto del año, de solo ¢43 millones, suma que ya está debidamente presupuestada y para ejecutar en cuanto el Ministerio de Hacienda la gire.
Es de conocimiento público la reticencia del Ministerio de Hacienda para entregar los dineros que le corresponden a las municipalidades, tanto que la de Nicoya se vio obligada, con la coadyuvancia de otras, a presentar tres recursos de amparo para que la Sala Constitucional dispusiera el giro de tales fondos. No obstante que la ley n.° 8114 establece un destino específico de una parte del impuesto a los combustibles y que la Sala Constitucional se pronunció en el mismo sentido, el giro no ha sido expedito y se generan trabas y complicaciones para hacerlo efectivo, por lo que la ejecución de las obras se atrasa más allá del tiempo razonable por circunstancias ajenas al quehacer municipal.
De la Redacción
El artículo se elaboró con datos suministrados por la Contraloría General de la República que corresponden al dinero que las municipalidades no han retirado de la caja única del Estado desde el año 2002. Efectivamente, el corte fue al 31 de diciembre del 2005, tal y como se consignó en la información.
Los datos de la Contraloría están en el documento denominado “Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales”.
Jairo Villegas S.
Redactor
Este documento no posee notas.