El presidente de la República, Óscar Arias, se manifestó anuente a quitarle todas las amarras al Instituto Costarricense de electricidad (ICE) y darle mayor autonomía "para que pueda volar". Se trata –claro está– de permitirle volar independientemente, sin ninguna intromisión del Poder Ejecutivo. Pero semejante metáfora, aunque hermosa y bien elaborada, nos preocupa por las repercusiones políticas, económicas y legales que de ella se podrían derivar.
El ICE es una institución voluminosa y muy particular. Posee abundantes recursos físicos, tecnológicos y humanos; disfruta –y continuará haciéndolo– de un monopolio virtual en electricidad, a pesar de la posible apertura en telecomunicaciones; está dominado por un sindicato aguerrido y desafiante, cuyos intereses principales son sus propios beneficios y no los del país; y tiene un poderío financiero capaz de afectar la economía nacional. Desafortunadamente, no ha demostrado saber volar solo. Le faltan la tutela, los controles y la guía de las demás autoridades, incluyendo el Gobierno, la Contraloría y, desde luego, el Banco Central, para garantizar el equilibrio macroeconómico. Así lo establece la ley. Y así debe permanecer. Derogar esos controles –como pretende el Gobierno– y sustituirlos por una libertad absoluta podría devenir en libertinaje.
Los primeros en abusarse serían, desde luego, los sindicatos. En muchas oportunidades hemos editorializado y difundido amplia información sobre los abusos cometidos y privilegios otorgados en las convenciones colectivas, los aumentos salariales por encima de los concedidos a sus homólogos del Gobierno central, y el incremento de la burocracia –muchos de ellos por contrato, por lo que no figuran en planilla– nunca puesta en jaque por la propia junta directiva. Esos costos, obviamente, se trasladan a los usuarios como parte de las tarifas, lo que afecta la inflación, los ingresos reales y los costos de producción. Desafortunadamente, la Aresep, en ese aspecto, permite una simple contabilidad de costos, sin cuestionar si los mismos servicios se podrían prestar con menos personal y con salarios más razonables. La eficiencia y productividad laboral no forman parte del modelo de control de precios. Dejarlos a la libre, sin controles, sería muy peligroso.
Algo similar sucede con las contrataciones administrativas. El nombre Alcatel y Cía. viene, de inmediato, a la memoria, así como el atraso injustificado, por tres años, de Internet Avanzada, el pésimo sistema celular, las reconvenciones de la Contraloría y, en general, una gestión interna ineficiente. Si con los controles existentes se cometieron los hechos actualmente investigados por la Fiscalía y tramitados en los tribunales penales contra exdirectivos y otras conspicuas personalidades, es muy claro que, si se soltaran, podría proliferar aún más la corrupción. Además, si se liberaran del todo la contratación administrativa y las inversiones, aunque fueran beneficiosas para la producción nacional (y exista algún rezago en ellas), podría ser contraproducente para el equilibrio macroeconómico del país. Al Banco Central le corresponde velar por ese objetivo, asociado directamente con el nivel de gasto total en consumo e inversión que se pueda realizar durante un período determinado. De la concordancia entre el gasto total (demanda agregada) y la producción real (oferta total) dependen el nivel de la inflación, el desequilibrio de la balanza de pagos y, en el futuro, las cotizaciones del dólar conforme al nuevo régimen cambiario, independientemente de la metodología contable que se utilice. Y eso significa que todo incremento del gasto del sector público por encima de sus ingresos deberá compensarse con disminuciones en el gasto del sector privado para preservar el equilibrio.
En la información publicada en La Nación, el pasado jueves, dimos a conocer aspectos relevantes del acuerdo celebrado entre los jerarcas del ICE y del Banco Central, Jorge Gutiérrez y Francisco del Paula Gutiérrez, para permitirle al ICE incrementar su inversión anual, sin autorización del Banco Central, en un 9,7% (pero podría ser mayor). Ese porcentaje es muy superior al crecimiento proyectado del PIB. Y, una vez otorgado, difícilmente se podría reducir si el país se encontrara en una inesperada situación de desequilibrio, proveniente de causas externas o de otra índole. ¿Estaría dispuesto el Gobierno a contraer sus propios gastos o el de otras instituciones para compensar la expansión del ICE? ¿Estaría dispuesto el Banco Central a contraer el crédito y las inversiones del sector privado para acomodar la mayor expansión del ICE? Estas y otras interrogantes surgen de un examen preliminar de ese acuerdo que, según entendemos, pretende convertirse en un proyecto de ley. Pareciera, más bien, un esfuerzo por congraciarse con los sindicatos del ICE para suavizar su oposición al TLC. Y eso es un error. El Tratado de Libre Comercio debe ser aprobado en sus propios méritos, sin que tenga, por ello, que ceder el país a las demandas sindicales ni aflojar los controles requeridos para el sano manejo de las finanzas públicas. Si al ICE se le dejara volar solo, sin amarras, podría elevarse demasiado y, después, nadie sería capaz de hacerle poner los pies en la tierra.