Liberación Nacional (PLN) culpó al Departamento de Servicios Técnicos del error de no haberse consultado el proyecto de reformas a la Ley de concesión de obra pública a la Corte Suprema de Justicia.
Mayi Antillón, jefa de los liberacionistas, dijo que el informe jurídico preparado por los asesores técnicos, en noviembre del 2005 , concluyó que no era necesaria ninguna consulta obligatoria.
Antillón aseguró que no hubo "error, negligencia o descuido" de la jefatura de fracción del PLN.
Gloria Valerín, jefa del Departamento de Servicios Técnicos, reconoció que el informe jurídico no recomendó hacer la consulta.
Según Valerín, los funcionarios que elaboraron el dictamen no sugirieron el trámite por considerar que en el tema del arbitraje no hay grandes cambios entre la Ley de concesión de obra pública (la vigente) y lo propuesto en el proyecto de reformas.
Valerín, quien asumió la jefatura de Servicios Técnicos el 2 de mayo, sostuvo que los asesores debieron justificar ampliamente por qué no era necesaria la consulta.
La Sala IV declaró el viernes inconstitucional las reformas a la Ley de concesión de obra pública debido a que los diputados omitieron consultar el texto a la Corte.
Los magistrados sostienen que en el plan hay “regulaciones que implican un desplazamiento de competencias respecto de las cuales el Poder Judicial tiene exclusividad”. Se refieren al rescate de obras dadas en concesión o el reajuste del equilibrio financiero de un contrato mediante el arbitraje.
Con las reformas a la Ley de concesión de obra pública se procura agilizar trámites para que empresas privadas financien la construcción de infraestructura estatal.
José Merino, del Frente Amplio, presentó una moción para consultar el plan a la Corte, pero el plenario la rechazó un día antes de la aprobación del proyecto en primer debate, el 25 de julio.