Puntarenas. Los sobrevivientes de la matanza que ocurrió en el Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde, Puntarenas, así como los familiares de los fallecidos, reclamaron ayer indemnizaciones por ¢1.800 millones.
Lo hicieron al iniciarse el juicio por los hechos del 8 y 9 de marzo del 2005, durante los cuales nueve personas murieron.
Los reclamos fueron presentados por cinco abogados y están dirigidos contra el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la empresa Comandos de Seguridad Delta, el Estado (representado por la Procuraduría General) y el presunto homicida, Erlyn Hurtado Martínez.
Contra Hurtado, el fiscal, Fabricio Wong, presentó una acusación como sospechoso de 23 delitos.
Este es el desglose: seis de homicidio calificado, uno de secuestro agravado con resultado muerte, seis tentativas de homicidio, tres privaciones de libertad, dos por tenencia de arma ilegal, uno por tenencia de armas sin permiso, uno de robo agravado, dos de lesiones leves y uno de lesiones graves.
El fallido atraco al Banco Nacional en Santa Elena, Monteverde, se inició el 8 de marzo. Acabó al día siguiente cuando Hurtado se rindió.
Hubo nueve muertos (seis rehenes, un oficial de un comando de élite, que intentó rescatar a las víctimas, y dos hermanos de Hurtado).
Puntual. El debate, que comenzó a las 8 a. m., lo dirigen los jueces Juan Carlos Mejías Cordero, Rónald Nicolás Alvarado y Marvin Cerdas Montano.
Ayer, además de la lectura de la acusación, se recibieron varias incidencias y luego se escuchó el testimonio de un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Entre los elementos sobresalientes del debate estuvo la decisión del tribunal de rechazar la acción civil de Rafael Eduardo Rodríguez, al considerar que no había otorgado el poder al abogado Andrés Pérez.
José Aquiles Mata, quien representa a la empresa Comandos de Seguridad Delta, consideró que no se explicaba por qué la empresa es demandada, pues en algunas de las acciones se menciona que los vigilantes actuaron de manera correcta. "La gente tiene derecho a pedir un indemnización porque la asiste el derecho, pero creo que no hay responsabilidad nuestra", agregó.
En tanto, Federico Salazar, en nombre del Banco Nacional, mencionó que es un derecho de las partes plantear las acciones civiles.
Mientras, Francisco Alvarado en nombre del INS, pidió al Tribunal que se le excluyera del debate por considerar que no cabe una acción contra esa entidad. Los jueces no aceptaron la gestión y dijeron que la resolverán en el momento oportuno.
Se abstuvo. Erlyn Hurtado, por su parte, se abstuvo de declarar. El imputado, de 26 años, solo se limitó a relatar que era oriundo de Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, y que se encontraba en nuestro país como residente. Además, que laboró como peón.