Las autoridades del Ministerio de Educación Pública se quejan de que los resultados de las pruebas nacionales de bachillerato y noveno año, en muchos colegios, no se aprovechan debidamente, o bien se engavetan. En suma, un esfuerzo económico y de personal, de parte de los educadores y del MEP, y una información valiosa, en el campo intelectual, de parte de los estudiantes, que solo beneficia a muy pocas instituciones educativas. Esta omisión no es, por cierto, un asunto baladí. Forma parte de la serie de problemas que aquejan a la educación pública, no pocos de ellos engendrados en la falta de responsabilidad en diversos niveles, tal como lo ha denunciado el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier.
El departamento de Control de Calidad del MEP elabora una tabla comparativa de los resultados, generales y regionales, obtenidos en cada ítem en los colegios, a fin de que cada institución coteje los propios con los demás y así establezca en qué situación se encuentra, qué preparación reciben los alumnos, cuál es el nivel académico y pedagógico de los profesores y, por lo tanto, qué medidas deben adoptarse, en provecho de los alumnos y del profesorado. Esta información, como dice el jefe de Control de Calidad, Félix Barrantes, es determinante para mejorar la enseñanza. Se trata de elementos de evaluación que, como manifiesta el titular del MEP, contribuyen a mejorar el rendimiento académico.
Otra de las ventajas de estas evaluación y, por lo tanto, de su aprovechamiento está en periodicidad, una vez al año. Así, en cada curso lectivo se pueden realizar investigaciones objetivas e introducir las rectificaciones pertinentes. La educación es un proceso que requiere un control o seguimiento esmerado. No es una lotería o un concierto de sorpresas. Preocupa, por ello, con razón, a las autoridades del MEP que un conjunto de colegios fracasan en estas pruebas, sin que, de inmediato, se ponga atención a las causas correspondientes, con lo que se perjudica a los profesores y a los alumnos, y se afecta el buen nombre de la institución. Un colegio que no da la talla, esto es, que no inspira confianza ni un sano orgullo, lanza un mensaje poco edificante, que necesariamente repercute en la actitud de estudiantes y profesores.
Estamos, pues, ante un círculo vicioso: algunos directores engavetan los resultados negativos, nos los comentan ni los someten a un debate interno, para no desacreditar al colegio y, quizá, a ellos mismos, lo que, al mismo tiempo, agrava la situación interna. De alguna manera, al ocultar la verdad, se atenta contra los derechos de los padres y de los estudiantes. El recto camino se encuentra, por el contrario, en la publicidad de los datos, es decir, en afrontar la realidad. La transparencia, cuyos méritos se pregonan, debe ser la consigna de las instituciones públicas, como acto de rendición de cuentas y de evaluación ante el país y la comunidad. La oposición a esta apertura, como se desprende de las declaraciones de algunos educadores y dirigentes sindicales, se funda en el temor a la información y, por lo tanto, a recibir un juicio crítico de parte de la comunidad, de los estudiantes y de los padres de familia.
El propio MEP mantenía ocultos, en años anteriores, los resultados de los exámenes de bachillerato y de noveno año, y con ellos el ranquin de las instituciones educativas, aduciendo que toda comparación era injusta por las condiciones económicas de las comunidades o de los alumnos. Es, más bien, el ocultamiento la peor forma de injusticia ya que, al negar la información, impide el análisis objetivo y la rectificación, todo en menoscabo de los estudiantes. Al parecer, no solo ha habido profesores fantasmas, que cobran sin trabajar, sino también resultados fantasmales, que no se ven ni se tocan, que es como si no existieran.