Mientras continúa la crisis sobre las discutidas elecciones presidenciales de México, se están formulando preguntas no sólo sobre la conducta del candidato aparentemente derrotado, Andrés Manuel López Obrador, sino también sobre el sistema presidencial de México. ¿Será parte del problema el "presidencialismo" tal como se practica en México?
Felipe Calderón, del gobernante partido de centro-derecha, el Partido de Acción Nacional (PAN), encabeza actualmente el recuento de votos, que se ha de confirmar en septiembre. Las próximas elecciones presidenciales previstas no se celebrarán hasta el 2012, como las elecciones al Senado, cuya conformidad es necesaria para la aprobación de la mayor parte de la legislación. Así, Calderón y los aliados de su partido, con el 41% de los escaños del Senado, nunca podrá tener una mayoría durante su mandato de seis años y también estará en minoría en la cámara baja, en la que el PAN cuenta sólo con el 43 % de los escaños, al menos hasta el año 2009.
Si las protestas callejeras y las impugnaciones legales que está organizando López Obrador salen adelante, este estará en una posición aún más débil. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) de centro izquierda de López Obrador, junto con partidos pequeños aliados, cuenta con el 31% del Senado y un poco menos de una tercera parte de la cámara baja. Eso quiere decir que durante los tres primeros años de una presidencia llegada al poder en medio de grandes exigencias populares, López Obrador podría promulgar poca legislación sobre reformas. Además, ni siquiera podría vetar una legislación hostil, porque sería el primer presidente de la historia moderna de México que no contaría al menos en una de las cámaras legislativas con la tercera parte de los escaños necesaria para apoyar un veto presidencial.
Minoría parcial. De modo que, sea quien fuere el que gane las elecciones, tendrá una minoría parcial durante los seis años de la legislatura y grandes sectores del electorado impugnarán su legitimidad. De hecho, desde 1985, quince presidentes latinoamericanos –la mayoría sin mayorías legislativas– no han concluido su mandato. Nadie desearía que México se sumara a ese total o presenciase el surgimiento de graves tendencias antidemocráticas
¿Podría el empate actual propiciar ese resultado? La transición de México a la democracia entre 1977 y 2000 contó con la ayuda de una serie de reformas constitucionales que contribuyeron al surgimiento del Instituto Electoral Federal (IEF), que tiene amplio crédito. Hasta la fecha, ni el IEF ni ningún importante observador internacional ha alegado la existencia de un fraude electoral generalizado. Además, cada uno de los siete jueces del Tribunal Electoral Federal fue aprobado individualmente por mayorías de dos tercios en el Senado, con los votos del PAN y del PRD.
Sin otras pruebas de irregularidades, no se puede revocar la decisión del Tribunal Electoral de volver a contar sólo el nueve por ciento de las urnas. Si surgen nuevas pruebas, la prudencia democrática aconseja un recuento completo. En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo decidió no celebrar un recuento en Florida en 2000, con lo que contribuyó a las dudas generalizadas sobre la legitimidad del resultado. Lo que está en juego en México puede ser mucho más.
Sea cual fuere el resultado de un recuento, el vencedor contaría con una legitimidad mayor, pero el nuevo presidente, sea quien fuere, seguiría careciendo de una mayoría legislativa. Dicho de otro modo, la crisis actual refleja un fallo constitucional más profundo.
Hay tres modelos clásicos de ejecutivos democráticos: el parlamentarismo puro, como en Gran Bretaña; el semipresidencialismo, como en la Quinta República francesa del general De Gaulle; y el presidencialismo puro, como en los Estados Unidos. Resulta interesante que, mientras que Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos no han modificado sus modelos, muchas otras democracias logradas hayan introducido cambios importantes para impedir la aparición de problemas peligrosos con el funcionamiento de la variante “pura” en el marco local.
En la Europa de entreguerras, el parlamentarismo de muchos países padecía las consecuencias de frecuentes votaciones de desconfianza, que derribaban gobiernos y dejaban a los Estados sin timón durante largos períodos. Después de la segunda guerra mundial, muchos países con sistemas parlamentarios redujeron la probabilidad de esa inestabilidad adoptando la llamada “votación de desconfianza constructiva”. Antes de que se pueda celebrar una votación de desconfianza, se debe llegar a un acuerdo sobre una nueva mayoría gubernamental substitutiva.
Sistema parlamentario. A menudo esas mayorías están constituidas por coaliciones complejas de tres o más partidos que concurren con un programa mínimo. Como el nuevo Gobierno podría caer también, a no ser que conserve una mayoría legislativa, los sistemas parlamentarios presentan importantes incentivos para “imponer y mantener una coalición”.
El modelo semipresidencial también ha producido variantes. El resultado más peligroso conforme a este modelo es aquel en el que ni el presidente ni el primer ministro tienen mayoría, cosa que nunca ha ocurrido en Francia, pero sí en muchos países poscomunistas, como, por ejemplo, Rusia y Ucrania. En esas circunstancias, los presidentes han abusado de sus poderes y han creado regímenes autoritarios “superpresidenciales y semipresidenciales”. Para impedirlo, Portugal, Polonia, Lituania, Eslovenia y recientemente Ucrania y Croacia han reducido los poderes constitucionales del presidente directamente elegido y han aumentado los del Parlamento.
La crisis de México es el momento ideal para examinar nuevas variantes del presidencialismo. Una opción, llamada “presidencialismo parlamentarizado”, conserva las elecciones presidenciales directas, que muchas sociedades siguen exigiendo. Si surge un candidato con al menos el 50,1% de los votos populares, es declarado presidente. En esas circunstancias, el modelo funciona como el presidencialismo clásico (aun cuando no produzca mayorías legislativas).
Sin embargo, si ningún candidato obtiene el 50,1% de los votos populares, el legislativo elegido elige al presidente, que así iniciará su mandato con una mayoría legislativa. A diferencia de un presidente directamente elegido conforme al presidencialismo clásico, semejante presidente resultante de una votación del legislativo podría ser derribado por una “votación de desconfianza constructiva”, que dejaría a los titulares sujetos a los incentivos de “imposición y mantenimiento de una coalición”.
Naturalmente, no hay garantías de que semejante sistema aportara una mayor estabilidad democrática a países como México, pero brindaría muchos más mecanismos para resolver crisis que en la actualidad. Hay que reflexionar mucho más y ahora es el momento de hacerlo.