La última vez que sus compañeros de lancha vieron con vida al biólogo marino Marco Antonio Bolaños Zamora, estaba agarrado de una pichinga, tratando de flotar mientras la corriente lo alejaba de la lancha hundida.
El lunes 10 de octubre del 2005, el biólogo, una colega y un botero salieron del puerto San Luis con buen clima e hicieron sondeos en varios puntos del lago Arenal, contratados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa).
Sin embargo, cerca de las 2:00 p. m. el clima cambió drásticamente y el viento y el oleaje llenaron la lancha de agua hasta que la hundieron.
"(El botero) conectó el achicador pero había mucha agua y no funcionaba dicha máquina, así mismo intentó arrancar el motor pero no fue posible", según indica el informe judicial de la subdelegación de Cañas.
La bióloga y el botero se salvaron, pero el cuerpo de Bolaños Zamora apareció tres días después, para dolor de su familia, que se vio llena grandes dudas.
Dudas. El fallecido era consultor de Oirsa y, en julio, su familia presentó una demanda laboral de riesgos del trabajo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Oirsa.
Daniel Bolaños Zamora, hermano del biólogo, explicó que la entidad “ni siquiera tenía amparado a nuestro hermano a la póliza de riesgos profesionales”.
El familiar agregó que la lancha suministrada por Oirsa tenía problemas mecánicos y el certificado de navegabilidad estaba vencido desde 1999, según certificó la Dirección de Navegación y Seguridad.
Pese a ello, la familia no tiene esperanzas de demandar judicialmente a Oirsa, pues por ser un organismo internacional “gozaría de inmunidad de jurisdicción que le permitiría, salvo renuncia expresa, no comparecer ante los tribunales nacionales”, según la Cancillería.
Otra visión. Consultado al respecto, Oirsa indicó por vía escrita: “El señor Bolaños no era empleado de Oirsa, sino que realizaba servicios de naturaleza profesional. Al ser una persona externa a la organización, la gestión de su trabajo era totalmente responsabilidad suya”.
Este medio tuvo acceso a una carta en la que Oirsa ofreció $10.000 a la familia, pero esta los rechazó por estimarlos insuficientes.
Se consultó a Oirsa con base en quédefinió ese monto, pero se limiró a responder: “El Oirsa, consciente de lo que significa la pérdida de un ser querido, acordó por solidaridad ofrecer la suma de $10.000 como apoyo a la familia”.
Sobre el estado de la lancha, el organismo indicó: “Es importante aclarar que la lancha no era propiedad del Oirsa”.
Sin claridad. La embarcación es propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y, según Daniel Bolaños, funcionarios del MAG le indicaron verbalmente que la entrega de la embarcación a Oirsa “estaba condicionada a que la lancha fuera reparada”.
Sin embargo, cuando pidió explicaciones por escrito, una dependencia del Ministerio negó la existencia de fallas mecánicas.
En el Ministerio, Gabriela Sandí, asesora del ministro, Alfredo Volio, declinó responder preguntas, pues alegó estar realizando averiguaciones.
Más tarde, la funcionaria envió un documento según el cual Oirsa recibió la lancha en buen estado, pero no remitió información sobre porqué se prestó una lancha con permisos vencidos.
La esposa del biólogo, Carla Marín Barrantes, lamentó no poder demandar a Oirsa. “Por más inmunidad que tenga, eso no quiere decir decir impunidad”, comentó.