Madrid. DPA y EFE. El sábado fueron 674, el domingo 759 y ayer, cuando aún no amanecía, ya se habían contado al menos 227. La llegada de inmigrantes ilegales africanos en botes a las islas Canarias ha alcanzado proporciones inéditas.
En el gobierno de Madrid saltaron las alarmas y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió que España no permitirá que continúe este ritmo de llegada mientras los países de origen desconocen los acuerdos de repatriación.
"Quien entre de manera irregular a España tendrá que irse más tarde o más temprano, eso deben saberlo los que llegan y los gobiernos de los países de los que llegan", afirmó la funcionaria.
Pero la amenaza parece más fruto de la impotencia que de la decisión, porque hasta ahora los esfuerzos oficiales han arrojado resultados nulos. Tanto los acuerdos de repatriación arduamente negociados con países africanos como la ayuda de la Unión Europea (UE) parecen insuficientes.
Mientras tanto, crece la inquietud en las Canarias. El escaso apoyo de Bruselas indigna a las autoridades del archipiélago español. “Parece una tomadura de pelo”, dijo el portavoz de la gobernante Coalición Canaria, Paulino Rivero, sobre el despliegue de las patrullas marítimas de la UE frente a la costa occidental de Africa.
La anunciada flota demostró finalmente ser apenas un puñado de barcos, uno de los cuales incluso sufrió un desperfecto antes de poder entrar en operación.
Madrid se esfuerza por hacer del problema de la inmigración ilegal una prioridad europea para que sea tratada como tal.
El conservador Partido Popular, en oposición, acusa al gobierno socialista de haber creado esta crisis al regularizar el año pasado a 600.000 inmigrantes ilegales.
Los populares afirman que con esta regularización extraordinaria el gobierno dio esperanzas a potenciales inmigrantes de que tarde o tempreano tendrán un permiso de residencia en España.
Entre enero y agosto llegaron a las Islas Canarias unas 20.000 personas escapando de la pobreza en precarias embarcaciones, cuatro veces más que todo el año pasado.
La travesía costó la vida a cerca de 600 de ellas, según los números oficiales. Las organizaciones humanitarias estiman que los muertos en el intento podrían sumar hasta 3.000.
Ante el panorama, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo pidió ayere a los Estados miembros de la UE que adopten medidas concretas para auxiliar a España.
La Comisión aprobó por unanimidad el informe de los eurodiputados que visitaron Tenerife y Fuerteventura entre el 7 y el 10 del pasado junio y constataron el “problema real de flujos masivos de inmigrantes”.