En los últimos 25 años, las autoridades políticas han asegurado a los costarricenses que el Estado no es capaz de realizar obra pública porque es lento, ineficiente y desordenado.
La solución que nos dan para todo es la concesión de obra pública, y que ahora solo la empresa privada tiene la capacidad de emprender proyectos de cierta magnitud. Pese a ello, la figura de concesión de obra pública no ha producido nada más que decepciones en materia vial en 20 años.
El 6 de setiembre, el secretario técnico de Concesiones, Luis Diego Vargas, reconoció a La Nación que "era un tema de voluntad, todo dependía del ministro", refiriéndose a los avances que se han dado para las expropiaciones de terrenos para el inicio de trabajos en la carretera Bernardo Soto.
¿No será que también falta voluntad (política) para que el Estado costarricense haga algo de obra pública en materia vial con sus propios equipos? No todo se puede dar en concesión. Pequeños puentes, ampliaciones de carriles, pasos a desnivel, cruces de vías y otro montón de correcciones menores no pueden resolverse dándoselas a alguien más para que las haga y cobre por ello.
Los costarricenses pagamos cada año miles de millones de colones en cargas a los combustibles, peajes e impuesto al ruedo. ¿A qué tenemos derecho por ese dinero?… A pagar peajes durante 25 años en obras hechas por la empresa privada.
La ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, ha mostrado determinación en esta materia y parece que esta administración podría sacarnos del letargo de los últimos 25 años. Ya se anuncian algunos miniproyectos, pero no es suficiente. La lista de obras pendientes es demasiado grande.
La excusa más común para no emprender nuevos proyectos es que son gastos que aumentarán la deuda pública. Pero ¿es la creación de infraestructura un gasto o una inversión?
¿Cuánto estamos pagando los costarricenses en tiempo perdido y combustibles desperdiciados por la falta de vías, puentes, pasos a nivel, etc. en las interminables presas y cuellos de botella?
No dudo que la concesión de obra pública ayude a recuperar el tiempo perdido en los últimos 25 años, pero también tengo muy claro que quienes ejercen la función pública no pueden declararse incapaces de hacer, de crear… Su función es que el país camine. Y el Estado costarricense no debe, pero en especial no puede, delegar responsabilidades que le atañen. Por ello, si en cinco lustros los funcionarios fueron incapaces, es hora de que esta administración nos muestre, con hechos, lo que puede hacer.