La actualización en el valor de los terrenos del país está prevista para iniciar en noviembre, confirmó Marietta Montero, directora del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda,
Una empresa canadiense será la encargada del trabajo. No obstante, Montero dijo que aún no puede dar el nombre de la compañía debido a que aún faltan algunos trámites en la Contraloría General de la República, detalló Montero.
El valor de las construcciones se actualiza cada dos años, la última fue en el 2005; pero solo se actualizó un 25% del total, dijo Montero.
En un estudio sobre la inversión extranjera en el sector inmobiliario en Costa Rica, que publicó en junio pasado el Banco Central, se detalla que el valor de los terrenos no se actualiza desde 1997.
El programa de actualización busca mejorar la seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad, señaló la viceministra de Hacienda, Jenny Phillips.
Implicaciones. La actualización en el valor de los terrenos servirá para: determinar el valor de los bienes inmuebles, el valor para el cobro del impuesto de traspaso a los bienes inmuebles, y como referencia para peritajes y avalúos administrativos que realicen instituciones públicas y privadas.
Phillips detalló que con esta información se hacen plataformas de valores.
En dichas plataformas se establece claramente cuánto vale una propiedad según las condiciones del área en la cual está ubicada.
Esta información se le traslada a las municipalidades, para que con ella se logre actualizar los valores que deben pagar los contribuyentes al impuesto sobre los bienes inmuebles.
Los contribuyentes, añadió Phillips, tienen el derecho de declarar el valor que quieran; no obstante, las municipalidades tienen la potestad de hacer un peritaje y cobrar sobre su resultado.
El impuesto de bienes inmuebles es de 0,25% (¢2.500) por millón.
El Gobierno envió un proyecto a la Asamblea Legislativa para gravar con un impuesto de 0,25% adicional a las casas valoradas por encima de los ¢100 millones. El tributo se aplicaría sobre el exceso de los ¢100.000 millones.
El impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles, como su nombre lo indica, grava los traspasos, bajo cualquier título, de inmuebles que estén o no inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Lo pagan en partes iguales el que vende y el que compra.
La base del tributo es el monto mayor entre el valor fiscal del bien inmueble y su valor de traspaso según la escritura pública.