En este mes se cumple el centenario del nacimiento de don José Figueres Ferrer. En 1948, al triunfar la revolución, don Pepe se comprometió a respetar las garantías sociales constitucionales, la seguridad social y el Código de Trabajo. Entre 1953 y 1955, logró la aprobación de las leyes de decimotercer mes o aguinaldo para todos los empleados de las administraciones públicas. El expresidente defendió la cesantía frente a los sectores conservadores que pretendían elimi- narla.
No obstante, probablemente fue él quien primero advirtió los defectos de la cesantía, en asocio de su compañero de causa, el licenciado Alberto Martén Chavarría. Por ello siempre se mostró partidario de su transformación, pues para don José, era una institución contradictoria, que premia al mal trabajador, mientras que castiga al buen asalariado. Recompensa al malo, porque el patrono con tal de despedir a un pésimo empleado está dispuesto a pagarle la cesantía. Mientras perjudica al buen servidor, que recibe ofertas de un trabajo mejor, porque, de aceptarlo, pierde sus prestaciones pues no se pagan en casos de renuncia.
Salarios crecientes. Procuró el mandatario, asimismo, fomentar la propiedad de los trabajadores e impulsar medidas para hacer efectivo el precepto constitu- cional de crear el patrimonio familiar del trabajador. Sobresale así la política figuerista de salarios crecientes. Con un ejemplo es suficiente: en febrero de 1974 se vivía una difícil situación económica que incidía muy desfavorablemente sobre los trabajadores y por ello solicitó y consiguió con su ministro de Trabajo, el licenciado Francisco Morales Hernández, una reforma para hacer una fijación de salarios mínimos, por vía de excepción y por una única vez.
El incremento en el costo de la vida había sido del 28,35% , mas don Pepe solicitó un incremento cercano al 60% para los peones agrícolas, que eran los asalariados peor pagados. Para justificar su petición, argumentó que las hijas del peón agrícola que laboraban en el sector industrial devengaban un salario superior –en cerca de un 50 %– al de su padre y que esta situación no solamente era injusta, sino que menoscababa la necesaria autoridad paterna.
Pese a todo. Los empresarios se opusieron radicalmente y dijeron que algunas actividades económicas iban a desaparecer, pues la propuesta estaba fuera de la realidad económica y que don José no sabía de qué estaba hablando. Lo anterior se agravaba porque se estaba tramitando en la Asamblea Legislativa la Ley de Asignaciones Familiares, que imponía un nuevo tributo sobre las planillas de las empresas. En esta coyuntura, la representación estatal en el Consejo de Salarios solicitó al expresidente que reconsiderara su propuesta, lo que efectivamente sucedió. Al final se decretó, en el mes de marzo, un aumento del 41% para los salarios más bajos y del 28,35% para los más altos.
En su última administración (1970-1974), se dio impulso cualitativo definitivo al proceso de universalización de la seguridad social, así como a la suscripción de convenciones colectivas de trabajo. También respetó el derecho de huelga de los trabajadores y su afirmación de que no hay huelgas legales ni ilegales, que únicamente hay huelgas, se ha tornado clásica. Don Pepe no solamente honró su compromiso de respetar las garantías sociales, sino que las mejoró sustancialmente, por ello en su centenario se erige más que nunca en Cid Campeador de los trabajadores y de la cuestión social. Por lo anterior, en esta ocasión sorprende sobremanera el silencio del partido político que fundó el señor Figueres Ferrer.