Ante las vergonzosas actitudes que unos grupos adoptan en nuestras calles con diversos pretextos, en las recién pasadas fiestas patrias volvió sobre el tapete el asunto de implantar urgentes normas ciudadanas, frente a esta actitud de irrespeto al Estado de derecho.
Los deberes y los derechos de la ciudadanía no son unilaterales, y bien haríamos en repasar los primeros antes de exigir el reconocimiento de los segundos.
Hacerse oír con demandas justas es vital para un sistema sano, pero no justifica la violencia ni el alboroto ni el irrespeto al libre tránsito. Tampoco el hecho de manifestarse públicamente avala la imposición del Estado que, aunque garante de la tranquilidad ciudadana, debe equilibrar la tolerancia y receptividad sin la alcahuetería ni la represión innecesaria. Es decir, en un pacto social adecuado, el pueblo puede exigir soluciones y el Estado, atenderlas, pero sin doblegarse ante los desafueros que dañan a muchos y crean un clima de zozobra que a nadie beneficia.
Lo cortés no quita lo valiente, y, retomando la cortesía del diálogo, podríamos acabar con esta cobardía que, tristemente, se está volviendo costumbre.