Montevideo. AFP. Los primeros exmilitares y policías procesados en Uruguay por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) apelaron ayer el fallo de la justicia e insistieron con un recurso de inconstitucionalidad que ya les fue denegado antes.
En un fallo sin precedentes en la justicia uruguaya, el juez penal Luis Charles procesó, el 11 de setiembre, a ocho exmilitares y policías por delitos de privación de libertad y asociación para delinquir.
Esos fueron tipificados como consecuencia de la desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Once días antes, los abogados defensores presentaron una acción de inconstitucionalidad, basada en que la amnistía que amparó a los presos políticos en 1985 no incluyó a militares y policías, pero fue denegado por la Suprema Corte.
"Lo rechazaron por entender que no teníamos legitimación, dado que nuestros defendidos no estaban procesados, pero ahora sí lo están y pedimos expresamente que el fiscal consultado sea el fiscal de Corte", manifestó Suárez.
El abogado insistió en la inconstitucionalidad del proceso, por existir, entre otras excepciones, cosa juzgada, y refrendó la inocencia de sus defendidos afirmando que ellos no participaron en los hechos que se imputan.
Los juicios recayeron sobre los exmilitares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los expolicías Ricardo Medina y Pedro Sande.
Antes del pronunciamiento judicial, Gavazzo, Vázquez, Silveira, Arab, Ramas y Medina ya se encontraban en prisión preventiva en el marco de un pedido de extradición de Argentina por su presunta participación en el Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras sudamericanas en los 70.
Las apelaciones alcanzaron a todos con excepción de Arab, que, representado por su hija, se espera que actúe en el mismo sentido.