San Salvador. AP. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador rechazó los diálogos entre empresarios del transporte y los grupos que los extorsionan, asesinando a sus trabajadores y quemando autobuses.
La procuradora Beatrice de Carrillo afirmó, en un comunicado, que no es posible "dialogar entre quienes reciben un atropello y quienes lo perpetran, a la luz del día y con total impunidad".
Sostuvo que el Estado “no puede ser un simple espectador”, y exigió que “cumpla a cabalidad con su papel histórico esencial de hacedor del bien común y de defensor de cada miembro de la comunidad”.
El transporte colectivo es uno de los sectores más afectados por las extorsiones. Desde enero, los pandilleros han matado a unos 70 cobradores, conductores y empresarios por no pagarles cuota en distintas zonas del país.
Algunos empresarios han dicho estar dispuestos a negociar con las maras o pandillas, pero el presidente Elías Antonio Saca rechazó toda posibilidad de arreglos con estos grupos y afirmó que eso sería como ponerse a “negociar con el diablo”.
La Procuradora también censuró la complicidad del personal a cargo de una cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, “que permite, facilita y encubre graves anomalías a favor de los reos” .