En días pasados leímos la noticia sobre la decisión de la ministra de Salud, María Luisa Ávila, de implementar en el país la vacunación contra la varicela, en forma progresiva, según grupos de riesgo y edades.
Los médicos sabemos que la varicela no es una enfermedad benigna; todo lo contrario, puede ser causa de hospitalización por diferentes complicaciones, sobre todo por infecciones bacterianas asociadas, tales como septicemia y artritis, por cuadros neurológicos graves, o por manifestaciones hemorrágicas, pudiendo ocasionar la muerte en alrededor del 4% de los niños que tienen que ser hospitalizados.
Sabemos, además, que la mortalidad por varicela aumenta con la edad, y es mayor en los recién nacidos y en personas con problemas inmunológicos.
No importa el costo. El poder evitar todas esas complicaciones, con alguna de las vacunas aprobadas para uso en niños, que han demostrado ser eficaces en más del 90% de los vacunados, y que se vienen utilizando en el país en el sector privado desde hace varios años, debe ser prioridad de nuestro sistema de salud, sin importar el costo. Pero, si además del factor humano, en diferentes países, incluyendo el nuestro, los estudios de costo-beneficio han demostrado con toda claridad que la inversión al vacunar a las personas susceptibles es altamente rentable, queda más que justificada la decisión adoptada por la Comisión de Vacunas del Ministerio de Salud.
La discusión actual debe orientarse hacia si aplicamos una segunda dosis de la vacuna, cuánto tiempo después de la primera dosis, y si utilizamos la vacuna recientemente aprobada por la FDA, que incluye, en una sola aplicación, sarampión, paperas, rubéola y varicela.
Los pediatras aplaudimos la decisión de incorporar la vacuna de varicela al esquema básico de vacunación. No hay ninguna razón para que el esquema público de vacunación sea inferior al utilizado en la práctica privada.
La vida de un solo niño justifica esa medida; sólo espero que no surjan intereses mezquinos que intenten bloquear esta acertada decisión.