Nueva York. Reuters. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió ayer ante la ONU apoyo a su política de seguridad y a un programa para reinsertar a la vida civil a más de 40.000 excombatientes de la guerrilla izquierdista y grupos paramilitares de ultraderecha.
Uribe defendió su política de seguridad que incluye un aumento del gasto militar y del número de efectivos de las fuerzas armadas, y que permitió bajar los asesinatos, masacres y secuestros.
Los resultados de esa política, criticada por grupos de derechos humanos, fueron clave para que el mandatario, quien goza del respaldo de los inversionistas y de los empresarios, lograra su reelección con más de siete millones de votos.
"Vengo hoy a Naciones Unidas a pedir apoyo resuelto a nuestra política. La violencia colombiana ha tenido mucha publicidad internacional, crítica constante al Estado y poca ayuda para superarla", dijo el mandatario en su discurso.
Según Uribe, ya es tiempo de que la comunidad internacional emplace a los grupos violentos a hacer la paz sin más dilaciones.
Colombia enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas en el que las Fuerzas Armadas del Estado combaten a la guerrilla, a los escuadrones paramilitares y a grupos de narcotraficantes que cuentan con ejércitos irregulares.
El Presidente inició una negociación de paz a mediados del 2003 con los escuadrones paramilitares que permitió que unos 31.000 combatientes entregaran las armas.
Adicionalmente, mantiene contactos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque todavía no ha logrado concretar nada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país.
Dificultades. En su alocución en la ONU, Uribe recalcó que es fácil hablar de 40.000 desmovilizados, pero “reinsertarlos a la sociedad es una obra monumental”.
Uribe cuenta con el respaldo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Desde el 2000 Washington ha entregado a Bogotá más de $4.000 millones en asistencia militar y entrenamiento.
Para el mandatario, “la financiación criminal sin fondo y autónoma” del narco es el principal obstáculo para la paz.
Uribe admitió que los progresos en la lucha contra el narcotráfico son pequeños comparados con el sacrificio y la voluntad del gobierno para erradicarlas.
Defendió los programas de erradicación de hoja de coca, pero recordó que la producción y el consumo requieren de un compromiso global que transcienda las declaraciones globales para aplicar programas de responsabilidad compartida.
El Presidente propuso llegar a 120.000 familias guardabosques para cuidar las selvas y bosques de la deforestación que impulsan los narcotraficantes y que han destruido cerca de dos millones de hectáreas de reservas forestales hasta ahora.