El Estado solo podrá comprar servicios a laboratorios u organismos certificados a partir del mes de junio del año próximo.
Esto se debe a que la ley 8279 estableció que las instituciones que venden servicios al Estado deben estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
Esto incluye a todos los laboratorios privados que hacen pruebas en salud, entes que inspeccionen y certifiquen la calidad de productos o que hagan calibraciones.
Por ejemplo, deben certificarse empresas que construyan carreteras o edificios para el Estado, o que analicen la calidad de productos que el Estado compre, desde alimentos hasta medicinas.
Maritza Madriz, gerente de ECA, manifestó que cada acreditación tiene un costo de $5.000 (¢2,6 millones).
Afirmó que ese pago se hace en tractos porque el proceso tarda seis meses.
"El propósito es que las empresas o laboratorios demuestren que son competentes para brindar los servicios que ofrecen", aseveró.
Listos. Por el momento solo hay unos 25 laboratorios y organismos de inspección acreditados, según indicó Madriz.
Las empresas que no tengan la certificación podrán vender sus servicios a particulares, pero no al Estado, afirmó Madriz.
Yamileth González, rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR), indicó que ya acreditaron siete laboratorios y otros ocho están en proceso de hacerlo.
Uno de los acreditados es el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
A ese laboratorio, entre otras funciones, le corresponde supervisar la calidad de las carreteras que se construyen en el país, por decisión del Estado.
Otro que ya tienen acreditado es el Laboratorio de Productos Forestales, que realiza ensayos de papel, cartón y madera.