El presidente ejecutivo de Japdeva, Walter Robinson, anunció ayer al final de la tarde la conclusión del Gobierno sobre el conflicto con los muelleros: es imposible pagarles los ¢450 millones que exigen por beneficios laborales sin que exista una ley especial que lo autorice.
Robinson intentó obtener el visto bueno de la Aresep y de la Contraloría General para pagar, pero no lo obtuvo. Ahora, deberá asumir un enfrentamiento.