El Sindicato de Empleados de Japdeva (Sintrajap) condicionó el cese del tortuguismo que aplican desde ayer a que el Gobierno se comprometa a no dar en concesión los puertos del Caribe.
Ronaldo Blear, secretario general del sindicato, afirmó que no levantarán el movimiento de protesta hasta que reciban un documento firmado por el Presidente de la República.
Los muelles de Moín y Limón operaron ayer a media máquina.
En un principio, los muelleros reclamaban el pago de ¢470 millones en beneficios laborales incluidos en la convención colectiva de la institución.
Pero luego de conocer la resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en que se autoriza dicho pago, exigieron que se deseche la idea de pasar la operación de los muelles a manos privadas.
"Lo del dinero es un compromiso viejo, el tema ahora es la defensa de la institucionalidad de Japdeva. Esta entidad no se vende ni se privatiza", dijo Blaer.
Blear agregó que sostuvo una reunión con dirigentes de los porteadores y que estos se sumarán a las medidas de presión cuando sea necesario.
Efectos. Aunque ayer el servicio en los muelles no se paralizó por completo, la carga y descarga de mercadería sí fue mucho más lenta.
Esto provocó filas de contenedores de hasta cuatro kilómetros en las entradas a la zona portuaria.
En el muelle de Limón se atendieron tres barcos y en el de Moín, cuatro.
Japdeva no dio estimaciones de las pérdidas generadas durante el primer día de protesta.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública mantiene una fuerte vigilancia policial en los alrededores de los puertos.
Marco Vargas, ministro de Coordinación Institucional, afirmó que el Gobierno intervendrá si la operación no se normaliza.