El regulador general, Fernando Herrero, se convirtió en la figura clave para que el Gobierno pudiera girar a los muelleros de Limón ¢470 millones por concepto de beneficios laborales que la propia Aresep impedía pagar, por considerarlos excesivos.
Luego de intensas conversaciones con el Gobierno, la junta directiva de la Aresep, encabezada por Herrero, tomó un acuerdo que permite a Japdeva usar los recursos de su superávit para pagar los beneficios establecidos en la convención colectiva de la entidad encargada de los puertos de Limón y Moín.
Herrero, economista de 53 años, argumentó ayer que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solo fija tarifas y, luego, las entidades reguladas son responsables de lo que pase con los recursos generados por esos precios.
La resolución de la Aresep contradice la política que mantuvo esa entidad durante los últimos tres años, la cual impidió pagar los beneficios con los ingresos generados por las tarifas. El superávit de Japdeva proviene de esos recursos.