Los diputados colocaron en un lugar preferencial de la agenda del plenario una reforma constitucional que permitiría a las municipalidades fijar impuestos.
La iniciativa se aprobó en primer debate el 15 de mayo; sin embargo, fue declarada inconstitucional por la Sala IV debido a que el dictamen de una comisión (del anterior Congreso) no se publicó en La Gaceta .
La Sala considera que la publicación del dictamen constituye un trámite esencial en las reformas a la Constitución Política.
Ese error en el procedimiento fue subsanado el martes y ese mismo día se incluyó el texto en la agenda del plenario.
Por disposición reglamentaria, el proyecto se discutirá a partir del jueves 5 de octubre.
Los diputados quedan facultados para presentar mociones en forma ilimitada. Las enmiendas se discuten en el plenario, que funciona como una gran comisión.
Cambios. Los partidos anunciaron ayer posibles modificaciones a la enmienda constitucional para que los gobiernos locales hagan un buen uso de la potestad tributaria.
Por ejemplo, el libertario Mario Quirós propondrá que no haya duplicidad de los tributos locales y los nacionales.
También sugerirá que los proyectos impositivos se divulguen en los medios locales y nacionales para que los ciudadanos emitan una opinión sobre sus efectos.
Quirós recomendará que solo se graven las actividades comerciales de las personas o empresas domiciliadas en el cantón.
Alberto Salom, subjefe del Partido Acción Ciudadana, consideró prudente que los acuerdos municipales para fijar tributos se tomen por mayoría calificada.
Salom dijo que su partido apoya el plan; no obstante, opinó que es importante evitar que los gobiernos locales "hagan loco" si les transfiere la nueva capacidad tributaria.
La liberacionista Mayi Antillón prometió que revisarán a fondo la reforma constitucional, aunque no tienen definidas las modificaciones al texto.
“Queremos pasar algunas regulaciones para el beneficio de las municipalidades y de las comunidades”, añadió Antillón.
Camino. A la enmienda constitucional le resta superar un intrincado trámite.
Los cambios a la Carta Magna requieren cinco debates. Dos en esta legislatura (termina el 30 de abril) y tres en la siguiente (se inicia el 1.° de mayo).
Si se apruebe en primer debate, el texto debe ser consultado obligatoriamente a la Sala IV, órgano que dispone de un mes para emitir una opinión.
Si supera los cinco debates (por 38 votos), los diputados tendrán que aprobar una ley (por 38 votos) para reglamentar la aplicación de la norma constitucional.
Esa ley debe ser dictada en un plazo máximo de 24 meses a partir de la vigencia de la reforma constitucional.