Bogotá. DPA. El Gobierno de Colombia instó ayer a Estados Unidos a que reintegre al menos la mitad de los $2.000 millones en bienes que entregarán los narcotraficantes Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes fueron condenados a 30 años de prisión por un tribunal de Miami.
El vicepresidente colombiano Francisco Santos explicó que el Estado debe quedarse con buena parte de los bienes que adquirieron durante 20 años los líderes del desvertebrado cartel de Cali.
"Supuestamente entregarán $2.000 millones. Quiero preguntar cuánto nos va a tocar de eso. Aquí es donde hemos puesto los muertos, hemos estado en la frontera de esa lucha y esa plata se hizo acá con mucha sangre derramada. Esperamos que el Gobierno de EE. UU. asuma esta responsabilidad. Por lo menos la mitad debería llegar acá", señaló Santos.
La exigencia del Gobierno se dio después de que un tribunal de Miami condenara ayer a 30 años de prisión a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela bajo el delito de ingresar 200.000 kilos de cocaína a Estados Unidos. El tribunal les exigió a los excapos devolver 300 bienes ubicados en varios países.
Por su parte, el jefe de la estatal Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz, aseguró que 151 empresas, 200.000 acciones en diferentes entidades y 86 inmuebles podrían ser de propiedad del Estado colombiano antes del 2007.
“Yo creo que si contamos con la colaboración de la justicia eso podría hacerse incluso antes de finalizar el año. Yo tengo esa idea. Nosotros no hacemos la extinción de bienes, que es autorizada por los jueces”, señaló Albornoz.
Asimismo, puntualizó que para desarrollar dicho proceso se creó un cuerpo élite de abogados y administradores en la DNE, al tiempo que reveló que esos bienes se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, España y EE. UU.
Los capos colombianos, exlíderes del cartel de Cali, aceptaron entregar a la justicia estadounidense y colombiana todos sus bienes adquiridos bajo el narcotráfico, valorados en un monto de $2.000 millones, a cambio de pagar 30 años de prisión de Orlando y eliminar la persecución judicial contra 28 de sus familiares.
“El compromiso de la familia ha sido renunciar a todos los intereses que tengan, a los bienes que están consolidados en las acciones de extinción que adelanta la Fiscalía”, indicó el abogado defensor en Colombia, Jorge Gutiérrez.