La Sala IV no encontró problemas de constitucionalidad en el trámite del préstamo de $30 millones otorgado por el Banco Mundial para financiar proyectos educativos en zonas rurales.
La iniciativa fue aprobada en primer debate el 22 de agosto, pero 11 diputados enviaron el texto a consulta a la Sala.
Los congresistas preguntaron si es constitucional que se haya modificado el texto del empréstito negociado por el Poder Ejecutivo con el Banco Mundial, en junio del 2005.
Se refieren a una moción aprobada el 10 de abril (presentada por los exlegisladores de Acción Ciudadana, Gerardo Vargas y Rodrigo Alberto Carazo) que corrigió la ortografía de un artículo.
Esa moción cambió la palabra "rezones" por “razones”.
Los parlamentarios afirman que los diputados no tienen la facultad de modificar un convenio internacional.
También consultan si procede la inclusión de nuevos artículos que modifican cláusulas del contrato de préstamo.
Por ejemplo, se introdujo una moción de la Unidad Social Cristiana que regula la contratación de consultorías financiadas mediante el empréstito.
Alegan los parlamentarios que en el convenio existe una guía recomendada por el Banco Mundial para contratar asesorías.
El convenio crediticio irá a segundo debate una vez que el plan legislativo conozca la opinión de la Sala IV, posiblemente la semana entrante.
En el segundo debate, los diputados tienen 20 minutos para referirse al texto, pero no pueden presentar mociones.
Por tratarse de un empréstito, el proyecto requiere de 38 votos para ser aprobado.
Los fondos se invertirán en dotar de infraestructura y tecnología a escuelas ubicadas en zonas rurales. También se utilizarán en la capacitación de los docentes.