El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, se opuso a la construcción de un quiosco en la Plaza Mayor de Cartago, ubicada junto a las históricos ruinas de Santiago Apóstol.
Esa decisión del Centro de Patrimonio podría ser la negativa final a un asunto que ha mantenido encendida la polémica en esa ciudad durante tres años.
El 26 de abril pasado, la Sala IV ordenó al concejo y al alcalde de Cartago suspender la construcción de esa estructura "hasta tanto no se cuente con la autorización necesaria" del Centro de Patrimonio.
Esta es la resolución de los magistrados ante un recurso de amparo que interpusieron los arquitectos Luis Diego Fernández, Rafael E. Rivera y José Francisco Loría el 13 de junio del 2005.
Ellos consideraron que el quiosco rompería con la arquitectura del entorno histórico del casco central de Cartago, afectando especialmente la visibilidad de las ruinas de Cartago.
La negativa. En una carta al concejo cartaginés, Sandra Quirós, directora del Centro de Patrimonio, detalló: “La Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico no avala la solicitud de construcción del quiosco en el conjunto urbano que conforma el entorno inmediato de las ruinas de Santiago Apóstol y deniega el permiso para la construcción”.
Quirós afirma que el quiosco competiría visualmente con el conjunto conformado por las históricas ruinas de Cartago.
“Por sus dimensiones, la construcción de este quiosco hace, de este, un volumen que compite con el resto de edificaciones, pero especialmente con las ruinas, que merecen el mayor espacio posible para su contemplación y disfrute”, asegura la arquitecta Quirós.
Concluye: “El quiosco en la Plaza Mayor rompe con la intención de esta: ser un elemento presente pero neutro, que articule e integre la diversidad estilística del conjunto y dé gran perspectiva y desahogo a las ruinas”.
Este pronunciamiento pone en aprietos al concejo porque ya habían firmado un contrato con la empresa constructora Ingeniería Sánchez Gómez, S. A., para que levantase el quiosco.
Tal contrato ya había sido refrendado por la Contraloría General de la República.
Según consta en el acta del 12 de setiembre, el concejo de Cartago acordó “autorizar y comisionar” al alcalde, Carlos Góngora, para que interponga los recursos pertinentes en contra de la decisión tomada por Patrimonio.