Hoy, primero de octubre, marca la fecha en que hace 180 años quedó instalada la Corte Suprema de Justicia del Estado de Costa Rica. Fue la culminación de un proceso azaroso y lleno de renuncias, excusas y nuevas designaciones, cuyos detalles no voy a precisar en este breve espacio, pero que pueden conocerse a plenitud en una excelente obra llamada Historia de la Corte Suprema de Costa Rica , de Jorge Sáenz C. y Mauricio Masís P., que justamente verá la luz como parte de esta conmemoración, junto con una exposición, en el vestíbulo del edificio de la Corte Suprema de Justicia, de elementos históricos alusivos a la ocasión.
Nadie puede desconocer la enorme magnitud de los cambios operados en nuestro país, no digamos desde 1826, sino incluso en los últimos cuarenta años: crecimiento demográfico, desarrollo urbano y económico, inmigración, todo lo anterior sin precedentes; ello lleva a plantearnos el consecuente cambio en el Poder Judicial para adaptarse a las nuevas situaciones.
Lastimosamente no ha sido así, pues no es sino hasta hace pocos años cuando el Poder Judicial ha decidido repensar su organización y su actuar que han estado signados fundamentalmente por concepciones adecuadas a una sociedad aldeana y retraída, frugal y con una economía simple fundada en la agricultura, cambiándolas por una organización acorde con las exigencias del mundo actual.
Pero no se trata de cambiar de cualquier manera, sino de hacerlo con la finalidad clara de consolidar al Poder Judicial tanto en su papel de arbitro eficiente de las controversias entre particulares como –de igual importancia– de garante de los principios y valores democráticos que informan nuestro ordenamiento jurídico y de asegurar su papel como pieza clave en la salud del sistema. Sociedades modernas como la nuestra solo sobreviven si las personas están convencidas de que pueden compartir de alguna forma las bondades de la vida en sociedad, de modo que, cuando los demás entes públicos fallan, queda el Poder Judicial para hacer valer sus derechos.
Es la deflexión de esta dinámica lo que agudamente ha señalado el proyecto Estado de la nación : muchos derechos no realizados que se traducen en la sobrecarga del Poder Judicial y el consiguiente embotamiento de la única salida institucional.
El panorama puede parecer oscuro, pero no lo es; en el interior del Poder Judicial estamos listos para llevar adelante los ajustes necesarios: contamos con un claro marco ideológico, con proyectos concretos y una conciencia de la necesidad de trabajo duro y serio a favor de las personas; pero dependemos de que las demás autoridades estatales y la opinión pública comprendan que la administración de justicia es pieza fundamental para el sano desarrollo de cualquier socie- dad democrática y actúen en consecuencia. Durante los últimos 180 años, los costarricenses comprendieron la vital importancia de contar con un buen sistema de justicia; y el éxito logrado en ese objetivo lo apreciará quien quiera hacer comparaciones. Ahora, en los albores del siglo veintiuno, nos toca a nosotros tomar ese compromiso. Por eso, en mi nombre y en el del Poder Judicial que represento, renuevo aquí y ahora esa promesa, que hicieron seguramente los primeros magistrados, de dar el mayor esfuerzo y sacrificio para afrontar los nuevos problemas y exigencias ciudadanas y conseguir una administración de justicia exitosa por los siguientes ciento ochenta años.