Los proyectos de ley que el Gobierno elaboró sobre telecomunicaciones omiten mencionar plazos para la eventual participación de empresas privadas en los negocios que ahora ejecuta el ICE en monopolio.
Aún si las iniciativas se aprobaran hoy, sería incierto cuándo habrá apertura del mercado, pues esos detalles deberán incluirse en los reglamentos posteriores a la posible entrada en vigencia.
Incluso, después, el plazo estaría sujeto a la confección de los carteles para dar en concesión la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial.
"Lo más probable es que al principio no haya competencia efectiva, pues el único operador sería el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad)", dijo Nelly Vargas, asesora del Gobierno en la elaboración de los textos.
Agregó que mucho dependerá del interés que muestren empresas privadas, nacionales o foráneas, de participar en servicios como telefonía e Internet.
A ellos se agrega la incógnita sobre cuánto durarán los diputados en tramitar los proyectos Ley general de telecomunicaciones y Ley de fortalecimiento y modernización de la entidades públicas del sector telecomunicaciones.
La apertura en telecomunicaciones es un compromiso que adquirió Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados nidos, Centroamérica y República Dominicana.
Aunque el texto aún espera ratificación del Congreso costarricense, está fijado el 1.° de enero del 2007 como fecha para abrir a la competencia la prestación de servicios inalámbricos móviles, entre otros.
Aunque el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, expresó su deseo de no contrariar los plazos fijados en el TLC, será casi imposible cumplir con esa fecha.
A partir de la eventual aprobación, habrá seis meses para que se preparen reglamentos en entidades como el ICE y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), a la que estaría adscrita la pretendida Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Mientras eso ocurre, el ICE sería el único operador del mercado y sus tarifas deberán estar reguladas por la Aresep, posiblemente mediante montos tope, explicó Nelly Vargas, con base en el plan.
La autoridad reguladora podrá determinar también tarifas tope cuando haya operadores privados, si determina que no hay una competencia efectiva, según el artículo 51 de la ley propuesta.
“Lo importante es que el consumidor no se vea desprotegido durante los años mientras se acomoda el mercado”, dijo Vargas.
Otra medida transitoria incluida en el plan de Fortalecimiento sería eximir del pago de impuestos al ICE y sus empresas (como Radiográfica Costarricense, Racsa), si actúan como operador o proveedor único de los servicios.
Con la eventual llegada de otras empresas, el ICE sí debería pagar los tributos sobre la renta, ventas y bienes inmuebles, pues la idea es que la entidad participe en iguales condiciones con otras firmas.
La Aresep trabaja desde hace semanas en su reestructuración, con miras a asumir las múltiples funciones. Además de vigilar la competencia, la entidad controlaría las concesiones del sector.